Por estos días, a raíz de la arista política del “Caso Penta”, asistimos a la crisis de legitimidad más grande que ha tenido la ultra derecha chilena, representada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), desde su fundación en 1983. Se trata de un partido “sui géneris”, que buscó en sus inicios cristalizar políticamente la herencia de la dictadura de Pinochet, para luego manejar con éxito los códigos de la mercadotecnia política, llegando a convertirse en la tienda más grande de Chile.
Su crisis, es también la crisis de un modelo, aquél codificado por la Constitución de 1980. Y se da en un propicio momento, justo cuando nos aprontamos como país a discutir una nueva carta fundamental.
La UDI es hermana de nuestra actual Constitución política. Son hijas del mismo padre, el ex senador Jaime Guzmán, y pese a los cambios que ambas han tenido en sus 32 y 35 años de vida, muestran hasta el día de hoy su genética común.
La preponderancia que le da nuestra carta magna, en su artículo 1º, a los “grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad”, y su autonomía, es exactamente la misma que manifiesta la UDI en el art. 3° de su declaración de principios. Este principio, entendido sistémicamente junto a la garantía constitucional del art. 19 n° 21 (derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad económica, que encuentra su símil en el art. 15° de la DP UDI), se transforma en la base de la subsidiariedad del Estado, principal innovación introducida en 1980 y piedra angular del “modelo chileno”.
En base a este principio, es posible entender cuestiones que en otras sociedades parecerían demenciales. Por ejemplo, que el grupo Penta sea un holding empresarial con inversiones en las áreas de previsión, salud, vivienda y educación, entre otras. Que maneje clínicas que les ofrecen servicios a aseguradoras de salud que también son de su propiedad, rentas vitalicias, universidades, y diversos servicios en donde la relación con la –escasa- regulación del Estado es muy estrecha.
Resulta entendible, aunque no menos repudiable, que bajo este prima al grupo Penta le interese financiar a la UDI, brazo político del modelo que le permite ejercer todas sus actividades económicas, lucrar con servicios que debieran ser derechos sociales, y obtener utilidades de $63.950 millones durante 2013, y de $54.563 millones sólo considerando el primer semestre del 2014.
En ese contexto, el “raspadito de olla” solicitado por Iván Moreira o los aportes a Von Baer y Silva, si bien son porcentajes menores respecto de sus utilidades totales, son muy significativos para mantener en orden las reglas del juego. Paradojalmente, los aportes se hicieron sin respetar las reglas que el mismo modelo impuso para el financiamiento político, recurriendo a boletas de honorarios por servicios que nunca fueron prestados, y que están siendo investigados por la Fiscalía.
Bajo esta fórmula de negocios y subordinación de la política, Penta logró en complicidad con la UDI, que el gobierno de Sebastián Piñera abortara la propuesta que pretendía crear una tarifa plana para todos los usuarios de las aseguradoras privadas de salud.
Según se ha conocido estos días, el actual presidente de la UDI (y diputado por el distrito 23, que concentra la población ABC1 del país), recibió el 10 de enero de 2013 un correo de Carlos Lavín, uno de los principales accionistas del holding, para ver “que se les ocurría” en el contexto de la tramitación de los cambios a la ley de Isapres. Silva mantuvo hasta 2012 un paquete de 12.100 acciones de la Isapre Banmédica, controlada por Penta.
El sistema electoral binominal, instaurado por la ley 18.799 en 1989, es otra de las bases del modelo, incentivando al empate entre coaliciones, lo cual complejiza –junto a los quórums especiales- las deliberaciones mayoritarias por parte del Congreso Nacional. Este sistema genera que, en la actual composición de la cámara, la UDI tenga un 24,16% de los escaños, habiendo obtenido sólo un 18,92% de los votos.
La sobre representación de la UDI no debiera dejarnos indiferentes. Es el partido representante en Chile de la ultra derecha, que paradojalmente define en el art. 2° de su declaración que se “deben rechazar las ideologías excesivas”; de la hipocresía, pues en 1983 mientras la dictadura violaba los Derechos Humanos la UDI declaraba (art. 4°) “el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, que excluye los apremios ilegítimos”; del conservadurismo, al señalar en su art. 6° que “la mujer es el agente de transmisión de valores y tradiciones”, o en su art. 7° que “la juventud debe nutrirse de ideales que contrasten con las utopías desquiciadoras”.
Tanta es su resistencia al cambio, que incluso pasan por encima de la historia, declarando en su art. 10° que “luchan contra el Partido Comunista, como el agente directo de la URSS en su afán de convertir a Chile en uno de sus satélites”.
El invierno de la Unión Demócrata Independiente es también el invierno del modelo instaurado por Jaime Guzmán, que pese a las sucesivas mejoras democráticas de las últimas dos décadas, recién hoy podrá ver derribados dos de sus pilares más importantes.
El nuevo ciclo social que abrió la movilización ciudadana del año 2011, y su consecuencia política en los avances propiciados por el gobierno de la Nueva Mayoría y en la irrupción de nuevas fuerzas que continúan empujando las transformaciones, ha permitido que hoy el reemplazo del sistema electoral binominal sea casi un hecho.
Junto a ello, la Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado al 2015 como el año donde se dará partida al proceso constituyente en democracia.
Este podría ser el último invierno del legado de Jaime Guzmán. Para que así ocurra, la nueva Constitución debe recoger las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de todo Chile, sin refugiarse solo –como siempre ha ocurrido- en las meditaciones de una élite. De lo contrario, la UDI se asomará victoriosa en su próxima primavera.