Los profesionales somos por esencia parte de la clase media. Es decir, aquellas personas que, independientemente de su origen, han alcanzado una situación económica relativamente confortable, fruto de un trabajo basado en el conocimiento. Nuestro poder viene del conocimiento y, por lo tanto, de la educación.
El reconocimiento social que tuvimos históricamente los profesionales en la sociedad chilena se derrumbó a partir de 1980. Desde entonces, la dictadura militar le quitó el carácter universitario a numerosas profesiones y luego transformó a los colegios de cada actividad en asociaciones gremiales, eliminando su carácter de Corporaciones de Derecho Público.
Esas dos decisiones han dejado la formación y la ética profesional al arbitrio del lucro y del mercado. El regreso de la democracia no corrigió esas situaciones. La Federación de Colegios Profesionales ha venido luchando en los últimos 25 años con esos dos objetivos, pero ninguno de los gobiernos que se han sucedido ha vuelto la dignidad a esta parte esencial de la clase media.
Siete carreras de la salud y también los constructores civiles luchan hoy por recuperar su calidad de carreras exclusivamente universitarias. Sin embargo, no hemos encontrado el respaldo que se requiere en el mundo político, probablemente porque no tenemos una capacidad de lobby comparable con la de las grandes empresas educacionales.
Tampoco hemos podido recuperar nuestro carácter de corporaciones de derecho público, pese a que desde 2005 se consagra en la Constitución nuestro papel como garantes del comportamiento ético. Desde 2009, un proyecto de ley con este objetivo duerme en el Congreso.
El actual Gobierno guarda silencio sobre estas cuestiones que preocupan a los colegios profesionales, pese a que lo hemos interpelado reiteradamente.
¿Estarán esperando una próxima caída en las encuestas para preocuparse por fin de esta parte sustancial de la clase media que somos los profesionales?