El pasado miércoles 8 de octubre la Cámara de Diputados aprobó por setenta votos la conformación de una comisión investigadora sobre el Caso Penta. La Sala, libre e informadamente, juzgó oportuno ejercer sus facultades fiscalizadoras ante un caso que hoy preocupa a la ciudadanía y que simboliza la injerencia ilegítima del dinero en los procesos políticos.
Pero en este corto tiempo transcurrido, hemos sido testigos de numerosas maniobras destinadas a evitar que se constituya la comisión investigadora.
La UDI ha intentado derechamente impedir su formación y, últimamente, postergarla por un tiempo indeterminado, sujeta a la elaboración de informes de expertos, en principio, y luego sumará nuevas condiciones dilatorias. Para pesar de quienes pretenden obstaculizar la labor del parlamento, el Reglamento de la Cámara no establece la posibilidad de dejar sin efecto una comisión investigadora ya aprobada, como tampoco permite posponer su constitución. Solo la unanimidad de Sala podría modificar lo ya resuelto, una votación que advertimos como inalcanzable.
El mandato de la comisión está delimitado con precisión y se ajusta fielmente a lo dispuesto en las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Su objeto está conformado por las actuaciones de los organismos públicos en relación a las operaciones de Penta y no se refiere a “actos de particulares”, como interesadamente se ha presentado en algunos medios de comunicación afines a ese grupo económico.
Cuatro son los aspectos que ordenarán el trabajo de la comisión. En primer lugar, interesa conocer la actividad del Servicio de Impuestos Internos durante el período en que se habrían cometido los ilícitos que la opinión pública conoce, como asimismo la información reunida por el mismo servicio acerca de las donaciones efectuadas por Penta y sus socios a la Universidad del Desarrollo.
En tercer lugar, la información recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto a ciertas empresas del grupo. Finalmente, la comisión investigadora podrá indagar sobre las contribuciones financieras a partidos políticos realizadas por Penta y sus controladores Carlos Délano y Carlos Lavín.
En relación a este último punto, no corresponde evaluar actos o negocios personales, sino que precisar si los órganos del Estado con competencia en estas materias cumplieron adecuadamente con su deber de fiscalización.
Con toda seguridad podremos esperar nuevas cortinas de humo y el incremento de la presión de Penta hacia las instituciones. Allí radica el fondo del asunto. Es indispensable que la Cámara de Diputados de una señal de probidad e independencia y no ceda al chantaje de los grupos económicos.
La ciudadanía demanda el esclarecimiento de la verdad sobre el caso Penta y, por lo tanto, cada institución debe actuar en el ámbito que le corresponda.
En lo que compete a la Cámara de Diputados, la comisión investigadora debe constituirse en los plazos reglamentarios, funcionar y entregar sus conclusiones.Cualquier acuerdo en contrario será interpretado como la concesión de privilegios de dudoso origen, como un manto de impunidad para el que no estaremos disponibles.