El 8 de agosto de este año, en un acto multitudinario en el que se celebró a los dirigentes sociales, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó el Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, en el que se consideran una serie de compromisos para apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil e incentivar la participación ciudadana.
En ese documento legal, se habla de una nueva política, en donde la ciudadanía es el actor principal, de los derechos de participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas y sobre la importancia de desarrollar mecanismos de vinculación entre los actores políticos y sociales de nuestro país.
De hecho, el instructivo establece que el gobierno “entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones”, lo que pareciera contradictorio y paradójico en el proceso que actualmente presenciamos en el escenario de una potencial reforma laboral.
Hay conciencia de una agenda laboral establecida por el gobierno, consensuada con la CUT, otras asociaciones de trabajadores y con los gremios empresariales. Hasta ahí, pareciera que todo funciona, pero el problema es que dicha reforma carece de los elementos de participación ciudadana que este gobierno se comprometió a impulsar.
En cambio, sólo buscaría cautivar a una minoría de trabajadores sindicalizados o asociados que representan aproximadamente al 14% de la población laboral, y no toma en cuenta al silencioso 86% restante.
De esa mayoría silenciosa no sabemos nada, no conocemos sus expectativas laborales y de beneficios y probablemente sus integrantes son ajenos al mundo de las gigantes multisindicales.
Tampoco sabemos qué ocurre con los sindicatos de base, ni cómo están siendo representados en la mesa de negociación.
Todo esto llama profundamente la atención porque el problema esencial es que dentro del sello ciudadano que el Gobierno ha planteado, en una reforma que afecta en forma transversal a todos, no se consulta a la mayoría y según las señales que hemos visto, finalmente se podría estar legislando para unos pocos.
Acá la discusión que queremos iniciar no es sobre si los temas que se debaten en la mesa de negociación corresponden o no. La carencia de esta reforma laboral está justamente en que no se está escuchando a todos los sectores.
Una consulta sobre lo que quieren los trabajadores debiera permitir implementar mecanismos de participación con todos para que arrojen indicadores reales sobre sus falencias y necesidades.
El desafío para el Gobierno es justamente implementar la participación ciudadana en esta reforma y no quedarse solamente con las preocupaciones que la CUT plantea.
El resto de los trabajadores, ése 86% nos exige escuchar, entender e implementar procedimientos donde participen, opinen y que sus voces y las del otro 14%, sean vinculantes para todos.