Hemos tenido conocimiento, por una reciente nota de prensa, que Paulina Saball, ministra de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), en compañía de Raúl Donckaster, alcalde de la municipalidad de La Reina, efectuaron una visita examinadora de las obras recientemente iniciadas del conjunto habitacional “Las Perdices I y II “.
El proyecto se emplaza en la Av. Las Perdices, entre las calles Talinay y José Arrieta de esa comuna y se trata de 151 viviendas sociales destinadas a igual número de familias vulnerables, esencialmente allegados: la titular de ese ministerio expresó elogiosos comentarios respecto de tal proyecto.
No nos queda más que felicitar a las autoridades locales y centrales que han realizado las gestiones del caso para dar dignas soluciones habitacionales a compatriotas que, con gran esfuerzo, han podido aspirar a la vivienda propia. Pero tenemos la certeza de que la ministra no sabía que el permiso de edificación firmado por el Director de Obras se cursó para que las viviendas se emplazaran en un terreno no apto.
Por otra parte, nos referimos a nuestro conocido y competente Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, quien en un acto académico realizado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, en la cual es un distinguido profesor, aprovechando su autonomía, tuvo un arranque de sinceridad y arremetió en contra de los conocidos vicios en que incurren frecuentemente tanto autoridades políticas como administrativas de nuestro país, los que, por ser nosotros conocedores de los más intrincados espacios de la gestión pública, los compartimos plenamente.
Los lectores se preguntarán cuál es la relación entre estos dos temas tan distintos entre sí, creyéndose quizás que estamos cometiendo una desconexión intencionada. No es así.
Pues bien, ambos asuntos sí están íntimamente relacionados, como demostraremos a continuación.
Hace exactamente cuatro años la Fundación Defendamos la Ciudad que tengo el privilegio de presidir, denunció en la Contraloría que en el terreno en que se emplaza el conjunto habitacional de marras, comprado en una operación entre la Municipalidad de La Reina al Ejército de Chile, y cuyo uso de suelo era en aquella época y, ¡ oh sorpresa !, es todavía área verde, tal municipio ha cometido diversas infracciones al otorgar permisos irregulares que tienen que ver con subdivisiones del mismo, con un terminal de buses de una concesionaria del Transantiago y con un jardín infantil financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).
Por otro lado el terreno en comento es de deficiente calidad, tanto a su nivel natural como del subsuelo, lo cual, según nos han informado algunos expertos, incidió en sobrecostos del proyecto.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, de superior jerarquía que el Director de Obras Municipales, verificó las irregularidades y solicitó a la Contraloría la instrucción de un sumario en la Municipalidad de La Reina. Todo lo anterior sucedió en la administración pasada y cuyos actos obligatoriamente ha debido asumir la actual administración.
Han pasado cuatro años y del sumario nunca más se supo. No tenemos conocimiento del mismo, tanto de su avance como de su probable resultado, a pesar de haber enviado comunicaciones en innumerables oportunidades a la Contraloría. Recién recibimos del organismo fiscalizador una copia del informe Nº 74694 del 29/09/14 dirigido al alcalde de La Reina, pidiéndole que se haga cargo, con una respuesta fundada, respecto de nuestra antigua denuncia.
Extraoficialmente hemos sabido que la Contraloría ha cambiado en cuatro oportunidades al abogado fiscalizador de este caso y entonces nos preguntamos ¿Puede don Ramiro Mendoza criticar los vicios cometidos por otras instancias políticas y administrativas del país, en circunstancias que al menos en este episodio su servicio público no se ha comportado con la debida diligencia y oportunidad? Repitiendo el dicho popular, ¿cómo andamos por casa? podrían espetarle los políticos profesionales que se molestaron con sus pasadas alocuciones vertidas en la Pontificia Universidad Católica.
El terreno área verde está cruzado parcialmente por cables de alta tensión, lo que no pareció importarle mayormente al Serviu Metropolitano, ya que cuando le entregamos a éste los antecedentes, ni se molestó en contestarnos. Este predio con ese uso de suelo, tal como lo dijimos, le fue entregado como tal al municipio por parte del Ejército y la desafectación nunca se ha producido, con lo cual se concluye que ahí no hay normas de edificación.
Consideramos que si se hubiera instruido el sumario por parte de la Contraloría, su resultado habría significado sanciones para varios funcionarios no solo municipales, sino que también del Serviu, pero la sensible realidad es que estamos ante un nuevo y desafortunado hecho consumado, uno de los cientos que existen anualmente en Chile.
A esta altura del partido es inoficioso que la Contraloría se pronuncie y es más, hemos dado vuelta la página, pero esta experiencia nos ha servido para proponerle al gobierno que se modifique la legislación en orden a que se permita la construcción de viviendas sociales en las áreas verdes comunales no consolidadas que sean bienes nacionales de uso público o fiscales o propiamente municipales, de tal forma que los alcaldes, ciñéndose al futuro marco regulatorio, estén en condiciones de comenzar la integración social, la misma de la cual tanto se habla por la prensa.
Ojalá que el terreno área verde en donde se están edificando las 151 viviendas sociales haya sido sometido a un estudio de mecánica de suelo y esperamos que pronto las correspondiente familias favorecidas con los subsidios del Estado las disfruten por muchos años, ya que se trata de buenos inmuebles.