Hace algunos días un Senador de la República agregó una frase al agitado y confuso debate nacional sobre la reforma tributaria, asegurando que hay algunos empresarios que “buscan sabotear la economía”, con el propósito de aumentar la sensación de incertidumbre por la vía de no invertir y, de esta manera, afectar las posibilidades de éxito de la presidenta Bachelet.
Es presumible suponer que la intención tras esta declaración es endosar a ese confuso grupo que agrupa a “los empresarios” la responsabilidad por las demoras y obstáculos que puedan estar enfrentando las reformas prometidas por la actual administración.De todos modos, las generalizaciones lanzadas “a la bandada” no permiten tomarlas muy en serio, y menos si no se dan pruebas concretas.
En este sentido es inevitable comentar que, al margen de la realidad, los empresarios tienen una imagen negativa ante la opinión pública, que considera que se preocupan de la rentabilidad de sus propios negocios, que abusan de la ciudadanía cuando pueden y que no tienen un compromiso auténtico con el futuro del país.
Se pueden encontrar en la prensa diversas informaciones que permiten avalar estas sospechas, que el empresariado no se ha molestado en aclarar en la medida que no se traduzcan en amenazas para su actividad.
La lógica, sin embargo, indica otra cosa. Los empresarios en Chile, y en todo el mundo regido por las leyes del mercado, buscan optimizar sus inversiones, lo cual no es ilegal, pero la misma razón debería llevar a entender que no van a dejar de invertir si eso les significa un daño patrimonial a si mismos.
Nuestro propio país lleva más de 40 años aceptando que esas son las reglas y lo más que se ha hecho es establecer la exigencia para que el aporte empresarial sea mayor.
Por lo anterior, aunque los empresarios tengan una opinión política determinada -lo que también es legítimo-, resulta difícil suponer que vayan a abstenerse de hacer negocios para boicotear a un determinado gobierno, a menos que sea ese gobierno sea el que origine las condiciones para que el empresariado prefiera poner sus recursos en otra nación con menos exigencias y mayor rentabilidad.
En estos tiempos es relativamente sencillo trasladar los capitales de un lugar a otro e incluso emplearlos en instrumentos de rentabilidad fija que, aunque proporcionen menos beneficios, proporcionan la seguridad que no siempre da el emprendimiento.
Quienes participan en el mundo de los negocios actúan de acuerdo a las reglas del juego en cada momento e interpretan las señales de la autoridad en ese contexto.Lo concreto es que en Chile, con una reforma tributaria en tramitación parlamentaria y un debate público enredado, resulta difícil saber con exactitud cuáles serán las condiciones finales para invertir en el próximo período y es previsible, por lo tanto, que las inversiones se suspendan a la espera de contar con la información necesaria para tomar decisiones.
Sin duda, no se trata de ensalzar a los empresarios como el principal y único motor de la economía y del progreso o deterioro de los países, pero tampoco es justo responsabilizarlos de todos los males.
Si de verdad hay algunos empresarios que están postergando sus inversiones no hay que demonizarlos sino comprender sus motivos, lo que, como contrapartida, no debe entenderse tampoco como una rendición a sus exigencias.Cada país tiene el derecho de resolver las reglas del juego empresarial, pero también tiene que comprender que no se puede exigir lo imposible ni dar señales confusas y se debe reconocer que el poder económico es un actor en la sociedad.
Hay que encontrar el equilibrio exacto entre libertad y responsabilidad social, sabiendo que los empresarios no tienen en su naturaleza ni dentro de sus deberes la solución de los problemas que le corresponden al Estado, así como tampoco este ha sabido en el pasado hacer lo necesario para que este grupo de personas actúe de otra manera.