La presidenta Michelle Bachelet ha cumplido con el 92% de sus compromisos a cien días del inicio de su gobierno.Lo relevante, junto al ritmo que muestra la urgencia de los cambios, es que en ellas se concentran reformas estructurales que por largo tiempo han sido anheladas por la ciudadanía y que modifican aspectos esenciales del modelo económico, educacional y otorgan mayores espacios de decisión a los ciudadanos construyendo una sociedad de derechos de nueva generación.
Con la reforma tributaria se busca dotar al Estado de mayores recursos destinados a la educación y a otras “inversiones” sociales, producir, por esta vía, una redistribución de los ingresos hacia los sectores medios y populares, en un país donde persiste una alta concentración de la riqueza, y terminar con abusos y privilegios de que han gozado por decenios las grandes empresas.
Con la reforma educacional – inicialmente con el fin al copago, a la selección, al lucro y el incremento de recursos hacia la educación pública recién anunciado – se trata de mejorar la calidad de ella, lograr un país más integrado e igualitario, transformar la educación en un derecho de todos, en un bien público, donde el conocimiento deje de ser un privilegio transado en el mercado y un mecanismo de poder de quienes tiene mayores ingresos.
La reforma al sistema electoral binominal es el primer peldaño de las reformas institucionales, cuyo eje es la reforma constitucional que se enviará el próximo año para disponer de un marco jurídico con legitimidad y en el cual se sientan representados todos los chilenos, y reformas al sistema de partidos y a su financiamiento que deben tender a mejorar la calidad y la transparencia de la política.
Estas , y otras reformas significativas comprendidas en el paquete de las primeras 56 medidas, han suscitado la férrea oposición de una derecha sin ideas ni definiciones de corto ni de largo plazo que, junto a grupos empresariales, realiza una campaña comunicacional destinada a desprestigiar las reformas, a presentarlas como enemigas del crecimiento, del empleo y de las capas medias y que desvirtuando el sentido del mecanismo de las Interpelaciones Parlamentarias lo utiliza como un instrumento comunicacional de obstruccionismo a todo cambio.
Esto era esperable de una derecha que continúa atrincherada en el modelo económico e institucional impuesto por la dictadura y que no logra jugar su rol de oposición con ideas propias del siglo XXI.
Nunca un proceso de cambios profundos, como el que emprende la Presidenta Bachelet, se realiza sin que sectores políticos y económicos, cuyos intereses son tocados por las transformaciones, acepten, sin resistencia frontal como la que vivimos, el fin de privilegios, subsidios, enriquecimiento desmedido e incluso ilícito, aun cuando ellos favorezcan a la mayoría de la población.
Menos esperable, en cambio, son las críticas a las reformas surgidas en el seno de la Nueva Mayoría, en especial de líderes y sectores de la DC, que parecen olvidar que el Programa de gobierno fue elaborado conjuntamente y votado mayoritariamente por los chilenos.
En ello, hay que consignar, que al momento de transformar los enunciados en proyectos surgen diferencias que tienen que ver con posiciones distintas realmente existentes y con la idea de que el perfilamiento en la sociedad de la DC se logra participando de un gobierno reformista pero, a la vez, siendo la voz que mediatiza dichos cambios.
A ello, hay que agregar, debilidades en el enunciado y la presentación de los proyectos, desaciertos comunicacionales que colocan en el mismo nivel aspectos discutibles con el fondo de las reformas, ausencia política en la generación de los proyectos – como ocurre con la DC en las reformas educacionales – y falta de diálogo más profundo entre el gobierno y los partidos de su coalición para que lo que se presente al parlamento tenga ya un alto grado de consenso.
Hay que reducir, conjuntamente, los pronunciamientos públicos de líderes partidarios que cuestionan ácidamente aspectos de las reformas y de otros que radicalizan artificialmente el significado de ellas, como también una cierta irritación que se observa en el gobierno frente a las críticas las que en cambio deben ser analizadas y conversadas con sus autores.
Nadie tiene derecho a enamorarse de sus proyectos como si estos fueran una especie de verdad revelada.Siempre habrá aspectos que corregir, agregar, mirar desde diversas ópticas.Falta, por tanto, un diálogo más fino con los líderes partidarios, un trabajo destinado a convencer a los nuestros y recoger oportunamente observaciones justas.
A la vez, se debe tener conciencia que nunca un proyecto de ley que ingresa al Parlamento sale tal cual el ejecutivo lo envía. Hay allí una compleja articulación de intereses y sensibilidades que deben ser consideras y no basta tener mayoría en el número para aprobar leyes complejas, se requiere articulación y diálogo sea, en primer lugar, con los parlamentarios de gobierno como con aquellos de sectores de la oposición que en el mérito de los proyectos pueden respaldarlos a partir de sus propias convicciones.
Personalmente creo, por ejemplo, que la reforma tributaria puede tener modificaciones en el Senado que estimulen el fortalecimiento de las pequeñas empresas, que la adquisición de la infraestructura de colegios a los sostenedores no es un tema cardinal y que falta explicar más que hará con ellos el Estado y así en otras reformas donde, sin tocar lo que se ha llamado el “corazón” de ellas, puede y debe accederse a incorporar las buenas ideas que surjan del debate parlamentario.
Preocupan declaraciones como las formuladas por el exponente DC Gutenberg Martínez en orden a que la DC se siente “no querida” en el conglomerado y que sus opiniones molestan.
Hay que atender a que una alianza de centro izquierda como Nueva Mayoría basa su fortaleza en su diversidad y amplitud y que, por tanto, la DC, como todos los partidos que la conforman, son esenciales y que solo el diálogo y la voluntad de cambios puede superar diferencias que muchas veces no son sustanciales y que se extreman en un debate público que mira más destacar posturas individuales o de sectores partidistas que defender la necesidad de los cambios que con convicción lleva adelante el gobierno y del cual depende el futuro del país pero también la suerte política de los propios partidos.
Nadie debe olvidar que Michelle Bachelet fue elegida para producir cambios de fondo, que hay una exigencia ciudadana en torno a ellos, que la ciudadanía y la sociedad civil organizada son actores de este proceso y que los líderes partidarios deben mirar el escenario del siglo XXI caracterizado justamente por la volatilidad, por la velocidad de los cambios, por una nueva cultura que está cambiando la subjetividad de las sociedades en todo el mundo y que a ello hay que responder como fuerza progresista.