El eje central del programa del actual Gobierno lo constituye el mejoramiento de la educación, vale decir avanzar hacia la calidad y gratuidad exigida por nuestros jóvenes y apoyada por la sociedad.
Para ello, junto con modificaciones en el ámbito propio de la enseñanza en todos los niveles, se ha propuesto una reforma tributaria que, además de corregir las notorias injusticias del actual sistema impositivo permita recaudar los recursos que financien ésta y otras necesidades sociales.
En materia de educación, las primeras medidas propuestas apuntan a enfrentar las deficiencias del sector particular subvencionado terminando con la selección de alumnos, el financiamiento compartido y el lucro de algunos sostenedores.
Se trata, en definitiva, de devolverle su propósito original. En nuestro país siempre ha existido educación particular, desde el inicio de la República. Ésta pasó a ser apoyada financieramente por el Estado en el entendido que se complementaba la oferta pública con proyectos educativos diversos, pero sin el afán de competencia y lucro que ha distorsionado completamente sus fines.
En las últimas décadas el sistema educacional chileno cambió profundamente. La incorporación de miles de colegios al sistema de financiamiento compartido creó un verdadero mercado en la educación, donde cada familia compra para sus hijos aquélla que puede pagar.
La selección de alumnos privó al sistema de la integración social que requiere y que caracterizó a Chile. Seguido a ello, muchos sostenedores dejaron de reinvertir los recursos aportados por los padres y por el fisco en la educación.
El resultado de todo esto es una profunda segregación, una baja calidad y el aumento de los costos para las familias. Hoy hay planteles para cada nivel social, más que elegir las familias el colegio para sus hijos, son los planteles los que eligen a los niños a través de dudosos procesos de selección y, en general, los padres aportan fuertes sumas que no necesariamente se traducen en calidad.
Por ello, el proyecto se propone enfrentar estas deficiencias decididamente.
Primero, terminando con el lucro al obligar a los establecimientos a transformarse en corporaciones o fundaciones, dejando sólo un margen moderado y razonable por la administración.
Segundo, se termina la selección de alumnos, creándose en su lugar un sistema único de postulación que decidirá en forma transparente, en caso que los interesados superen las vacantes, evitando todo tipo de arbitrariedades.
Por último, se propone terminar gradualmente el copago, congelando los actuales aranceles y avanzando, en los años venideros, en reemplazar lo que hoy aportan los padres por el aumento en la subvención estatal.
Son medidas que marcan el inicio de una transformación profunda en la educación chilena. Con todo, la reforma debe complementarse con el mejoramiento del sistema público, para lo cual es imprescindible terminar con la municipalización.