Este 1º de mayo se conmemora un nuevo aniversario del día del trabajador. Se cumplen 128 años desde que los trabajadores de Chicago se movilizaron para exigir una jornada laboral de 8 horas diarias, tener derecho a la huelga, a la libertad de expresión y de asociación, a un trabajo y a un salario justo. Este es un día de movilización mundial y recuerda a los trabajadores asesinados por su participación en estas movilizaciones.Pero es también un día oportuno para revisar la situación que viven los trabajadores en el país.
Resulta dramático constatar cuan vigentes son en Chile las demandas de los trabajadores de Chicago. Los trabajadores con horarios de 8 horas diarias o menos, son la excepción. Los salarios son bajos y el pluriempleo, o extender las jornadas, se ha convertido en una necesidad para parte importante de la sociedad.
El salario mínimo sigue siendo insuficiente y cubre apenas la mitad del umbral de pobreza de una familia de cuatro personas. Sin considerar que –como afirmara Felipe Larraín– ese umbral es obsoleto. Si se actualizaran las cifras de pobreza el resultado sería aún más escandaloso.
La huelga no existe como derecho y los trabajadores que la pueden ejercer de forma efectiva son una ínfima minoría.Lo mismo ocurre con la libertad de asociación.strong>Los trabajadores que se organizan son perseguidos despiadadamente por sus empresas. Dicho lo cual es imposible no mencionar el asesinato del dirigente Juan Pablo Jiménez. Aún no se esclarecen las extrañas circunstancias en que fue asesinado y todavía no aparece ningún responsable.
La capacidad de negociación de los trabajadores es cada vez más débil. A ello se agrega, por parte de los empresarios, el abuso de la subcontratación para diluir la persona del empleador mediante numerosas razones sociales. Así se evita la formación de sindicatos, el pago de gratificaciones y de cotizaciones previsionales.
Y se hace posible la coexistencia en una misma empresa de trabajadores que realizan tareas similares, pero ligados a diferentes empresas subcontratistas, con salarios distintos, sin derecho a sindicalizarse ni a negociación colectiva. En la minería se constatan hasta cinco subcontrataciones para un mismo puesto de trabajo.
Persiste aún el reemplazo de trabajadores en huelga y el “despido por necesidades de la empresa”, o sea la arbitrariedad. Muchos empresarios siguen aprovechando este vestigio autoritario en situaciones tan lamentables como el terremoto del norte.
Los profetas del neoliberalismo anuncian que Chile será desarrollado en 2018, que alcanzaremos un PIB per cápita de US$20.000 y tendremos pleno empleo.
Omiten precisar que ese crecimiento se obtiene al precio de la destrucción del medio ambiente, que la desigualdad creciente determina que el PIB per cápita no mide nada, y que el empleo es cada vez más precario e inseguro. El mentado crecimiento económico no es sinónimo de bienestar para la mayoría de la población. Ya lo hemos dicho pero es bueno repetirlo: crecimiento no es lo mismo que desarrollo.
Michelle Bachelet inicia su segundo gobierno con los mismos desafíos que enfrentó cuando fue su primer mandato: precariedad laboral, creciente informalidad, jornadas excesivas, baja calidad del empleo, subcontratación abusiva, diferencias salariales entre hombres y mujeres, injustas diferencias en el Estado entre funcionarios de planta, contrata y honorarios. Pasan los años y los gobiernos y los problemas persisten.
Con la participación del Partido Comunista en el gobierno era legítimo esperar que el tema laboral tuviese alguna prioridad en la acción gubernamental.Lamentablemente no ha sido el caso. De las 198 páginas del programa de gobierno, sólo cuatro abordan el tema. ¿Quién dijo “sensibilidad social”?
¿Puede Michelle Bachelet acentuar de algún modo su preocupación por los trabajadores de Chile?La duda no sólo es permisible, sino de rigor pues lo más visible hasta el momento son las reformas ausentes en esta materia.