Este viernes un grupo de actores políticos, sociales e intelectuales hizo un público llamado a la Presidenta electa Michelle Bachelet para que contribuya a la materialización de una idea que se viene fraguando desde hace ya varios años.Un planteamiento que ha ido cuajando en el sentido común ciudadano y que cada día se ve menos lejano, menos extravagante, menos insensato.
Es la convocatoria a un plebiscito que posibilite a cada chileno y chilena participar en la decisión de mantener o cambiar el entramado institucional y de derechos arraigado en la Constitución de 1980, y determinar también el mecanismo en que tal transformación se llevaría a cabo.
El último referéndum en que participamos como país fue el de las 54 reformas de 1989.Aunque sin edad para votar a la fecha, tengo claro que fue el medio que algunos dirigentes de la ex Concertación encontraron para legitimar la Carta Fundamental de Pinochet y así no poner en riesgo lo que entendían por estabilidad del país.
No lo digo yo, en todo caso, lo recordó Edgardo Boeninger en su libro “Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad”. En ella confidenció que “si no se lograban las reformas indispensables, el gobierno de Aylwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una asamblea constituyente”.
Por cierto que en aquellas reformas se lograron además importantes cambios: terminar con las atribuciones presidenciales de exiliar a los ciudadanos y disolver la Cámara de Diputados, reconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mantener los recursos de amparo y protección durante los estados de excepción constitucional, eliminar el cuestionado artículo 8° que proscribía los partidos que impulsaran la lucha de clases, eliminar la incompatibilidad entre dirigencia gremial y militancia política e incluir al Contralor en el Consejo Nacional de Seguridad, fueron algunos de ellos.
Pero también cedimos en democracia legislativa. Se aumentó de 3/5 a 2/3 de parlamentarios en ejercicio el quórum para modificar el capítulo sobre la reformabilidad de la Constitución. Y se pavimentó el camino que obligó por años a la coalición gobernante a negociar con la UDI y Renovación Nacional incluso los cambios de las leyes de mayoría simple.
Lo dijo Boeninger: la ex Concertación aceptó “una reforma sustancialmente más modesta, para evitar la prolongación del conflicto constitucional al período de gobierno que se iniciaría en marzo de 1990, aceptando las consiguientes limitaciones a la soberanía popular y al poder de la mayoría”.
Claro que fue la soberanía del pueblo la transada, ya que la elite concertacionista se instaló sin problemas en el Ejecutivo y el Legislativo.
Han pasado casi 25 años de aquella jornada, un cuarto de siglo y aún no nos hemos podido despercudir de tales ataduras. Demasiados legisladores secuestrados por intereses económicos y una parte de la ciudadanía cada día menos interesada en lo público y más preocupada en lo individual han sido caldo de cultivo para que el asunto constitucional haya ido quedando en el olvido.
Sin embargo, existe otro sector político y ciudadano, afortunadamente cada día mayor, que se niega a decretar en Chile el fin de nuestra propia historia en torno a lo que entendemos por democracia.Que aún cree que el pueblo –sí, el pueblo en tanto ciudadano- al igual que ayer, tiene el legítimo e irrenunciable derecho a pensar y construir el país en que quiere vivir, desde sus bases, plasmadas ellas en la principal norma que nos rige: la Constitución.
Ahí están, entre muchas otras destacables iniciativas, Marca tu Voto, Ciudadanos por la Asamblea Constituyente y Manifiesto “Plebiscito para una nueva Constitución”, que hizo este viernes el llamado con el que inicié estas líneas.
Quienes temen que el cambio a la Constitución nos convierta en una nueva Venezuela, Bolivia o Ecuador –demostrando un desprecio por los procesos soberanos de tales pueblos- pasan por alto que las cartas fundamentales nacidas por vías democráticas (Colombia, Brasil, Islandia, España son algunos otros ejemplos) no son más que espejo de lo que son sus pueblos. Cada letra, cada palabra es portadora de su cultura, visión de sociedad, historia y tradición, en un legítimo ejercicio de búsqueda de acuerdos, no de imposición.
Un primer paso, que a nadie con espíritu de demócrata debiera asustar, es que seamos los propios chilenos y chilenas, mediante un plebiscito nacional, quienes decidamos si aceptamos la Carta Fundamental vigente y sus principios fundantes.
Si el resultado es negativo, clarificar si el cambio será mediante el Parlamento o a través de un colectivo especialmente mandatado para ello, con mecanismos de elección que aseguren su representatividad social, cultural, territorial, política, étnica y de género. Chile es diverso y esa diversidad debe estar plasmada en su redacción.
Para muchos de nosotros la opción es plebiscito y asamblea constituyente. Dos caras de la misma moneda. De esa que nos habla de la participación de los ciudadanos en las principales decisiones que puede adoptar una nación. Y entre ellos una trascendental es la de dotarse su propia y esencial norma rectora.
Porque no nos engañemos, el mecanismo sí es importante. ¿No se trata de eso la democracia?¿No es, en esencia, una serie de procedimientos que legitiman la toma de decisiones? ¿Que legitiman el ejercicio del poder?
Por eso el llamado a la Presidenta electa a que impulse una reforma constitucional (si es vía artículo transitorio se requerirían 3/5 y no 2/3 de los parlamentario un ejercicio) que permita convocar un plebiscito para dilucidar, de una vez por todas, si estamos disponibles para transitar hacia un proceso constituyente de verdad.
Es un llamado a la vez a quienes fueron protagonistas del ciclo que se aleja, quienes hoy tienen la oportunidad de sumarse a los desafíos de esta nueva época. Porque en esta tarea, nadie sobra.
Es la épica del nuevo ciclo que Chile inicia. Es la épica a la cual se está invitando, desde la ciudadanía, también a Michelle Bachelet.