Fue finalmente la propia Ximena Rincón quien terminó de demostrar lo cuestionable que es el criterio de que el Presidente de la República designe a parlamentarios en ejercicio para desempeñarse como ministros.
En efecto, al declarar que postulará en noviembre de 2017 al mismo cargo de senadora por la región del Maule que está abandonando cuatro años antes del término del mandato, ha reconocido implícitamente que ya está considerando salir del gabinete en 2016, con lo cual ha dejado en inconfortable posición a quien la nombró.
El hecho de que anuncie una nueva candidatura parlamentaria cuando aún no ha jurado como ministra revela serias confusiones sobre las exigencias de la función pública.
Es evidente que entre los asesores de la Presidenta electa nadie pensó en las derivaciones del nombramiento de Rincón en uno de los cargos más relevantes del Ejecutivo, pero la primera responsabilidad de sopesar los factores en juego le correspondía a la propia senadora.
Tanto la Presidenta Bachelet, en 2009 y ahora, como el Presidente Piñera, en 2011, han acogido la tesis jurídica de que es posible usar dicho procedimiento sin transgredir las normas constitucionales.
Así, Carolina Tohá (PPD), Andrés Chadwick (UDI), Evelyn Matthei (UDI), Pablo Longueira (UDI) y Andrés Allamand (RN) saltaron directamente del Legislativo al Ejecutivo por decisión presidencial. Hoy, la senadora Rincón se apresta a pasar por la misma metamorfosis.
Hay que revisar urgentemente un procedimiento que está en el límite de lo permitido por la Constitución. Sucede que los ciudadanos eligen diputados y senadores para que desempeñen específicamente la función de legisladores de acuerdo a lo establecido en la Constitución, por lo que el acto unilateral del jefe del Poder Ejecutivo de convertir a un parlamentario en ministro contradice lo resuelto por los ciudadanos y siembra dudas sobre los límites entre los poderes del Estado.
Por si fuera poco, a este defectuoso procedimiento se agrega la circunstancia de que la vacante parlamentaria puede ser llenada por el partido respectivo del modo que le parezca, con lo que queda consagrado el retorno de los parlamentarios designados.
Esto quebranta el principio de que el Parlamento debe estar íntegramente constituido por representantes de los ciudadanos elegidos por sufragio universal.Fue un error la reforma constitucional de 2005 que autorizó el reemplazo partidario del parlamentario que dejara de cumplir sus funciones. Nadie mencionó entonces la posibilidad de que los parlamentarios se convirtieran en ministros, y ya vemos cuán lejos se ha llegado en ese terreno.
Dentro de la Democracia Cristiana se han levantado voces que objetan la facultad de los partidos para designar al reemplazante de un parlamentario que ha cesado en sus funciones.
Una carta firmada por más de 100 militantes de ese partido, entre ellos Mariana Aylwin y Carlos Massad, ha propuesto “la aprobación de una Ley de Elección Complementaria que permita llenar de forma representativa la vacante que ha dejado nuestra camarada y las que se produzcan en el futuro”.
Ese es el camino para una corrección de fondo: cuando se produzca una vacancia, debe convocarse a una elección complementaria en la que participen todos los electores del distrito o circunscripción que corresponda. Como el cambio legal demorará, es valioso que la DC se disponga a realizar una elección primaria abierta y vinculante en la región del Maule para reemplazar a Rincón.
Lo sucedido debería constituir una lección política definitiva. No deben producirse nuevas designaciones de parlamentarios en cargos de ministros.
Es hora de despejar los equívocos en la Constitución. El criterio de que “si no está prohibido, puede hacerse” se ha demostrado muy peligroso. Necesitamos normas que no se presten para una interpretación libre. El país debe fortalecer el Estado de Derecho.
Todo este asunto reafirma la necesidad de elevar la calidad de la política y perfeccionar nuestra democracia.
El gobierno que entrará en funciones el 11 de marzo deberá preocuparse particularmente de las altas exigencias de transparencia que hoy existen. Habrá un control social más estricto de los actos del Ejecutivo. Habrá un espíritu crítico más exacerbado respecto de las decisiones que adopten la Presidenta y sus colaboradores. Todas las autoridades deben prepararse para rendir cuentas en cualquier momento.
Está bien que así sea. Eso ayuda a fortalecer la vida en democracia.