31 ene 2014

Institucionalidad autónoma para la medición de la pobreza

El viernes recién pasado la Comisión para la Medición de la Pobreza hizo entrega el Informe final, un riguroso y extenso trabajo que se extendió por poco más de un año.

El Informe hace recomendaciones sobre la metodología para la medición de la pobreza –acompañar la medición de pobreza por ingresos de una medición multidimensional-, así como acerca de la institucionalidad que debiera resguardar el proceso de generación de estadísticas, presentación y análisis y de los resultados, tanto para efectos de su utilización por parte de las políticas públicas, como para fines académicos y de investigación.

El tema institucional es particularmente sensible por varias razones. En primer lugar, porque durante los últimos años la institucionalidad encargada del tema ha sufrido serios cuestionamientos por el uso político que se le ha por parte del actual gobierno, restándole credibilidad y prestigio al instrumento que se utiliza para medir la pobreza (Encuesta Casen).

En segundo término, porque la incorporación de una medida multidimensional de pobreza agrega una complejidad adicional al proceso de análisis y procesamiento de datos.

Finalmente, porque cada vez existe mayor consenso en que la medición de pobreza no sólo debe servir para avanzar en la comprensión que se tiene del problema, la vulnerabilidad y el bienestar social, sino también para el diseño y la focalización de las políticas públicas.

La Comisión para la Medición de la Pobreza propone reducir el número de instituciones que actualmente están involucradas en el proceso, concentrando las responsabilidades en tres instituciones: el ministerio de Desarrollo Social, el INE y un Panel de Expertos que cumpla un rol de supervisor de todo el proceso.

Si bien algunos países se han dado la figura del Panel de Expertos como órgano asesor del proceso, me parece necesario dar un paso más allá, y avanzar en la creación de una entidad autónoma que se haga cargo de todo el proceso de medición de la pobreza en Chile.

Una figura atractiva en este sentido es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en México. Se trata de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.

El CONEVAL tiene como funciones principales: a) normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y b) establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Está integrado por seis investigadores académicos elegidos democráticamente por convocatoria pública y por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien lo preside. Además tiene un órgano de vigilancia compuesto por dos comisarios públicos y una secretaría ejecutiva, cuya función es ejecutar y supervisar los servicios técnicos, así como la administración de los recursos con los que cuenta el CONEVAL.

Dado su carácter autónomo, una figura similar a esta podría significar un notable aporte a la transparencia y credibilidad del proceso de medición de la pobreza en Chile; pero al mismo tiempo, dado que este organismo concentra dos funciones claves para mejorar la calidad de las políticas de desarrollo social –como son la medición del bienestar y la evaluación de las políticas- podría contribuir considerablemente a mejorar los resultados de las políticas y, consecuentemente, a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población más vulnerable del país.

Las condiciones para avanzar en esta dirección están dadas. El Gobierno Electo ha propuesto la creación de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas como órgano autónomo encargado de las tareas de evaluación.

Sólo queda asignar la misma prioridad a la necesidad de otorgar un carácter autónomo a la entidad encargada de la medición y, ojalá, conjugar ambas tareas bajo un mismo diseño institucional.

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