Tras largo tiempo de tramitación y espera, se aprobó en el Senado la modificación legal que permitirá, en el futuro, concretar el anhelado derecho a sufragio de los chilenos que viven en el exterior.
Se trata de una decisión simple y obvia si se actúa conforme a los principios que señalan que la sola pertenencia a una nación confiere a sus integrantes, donde quiera que se encuentren, ciertos derechos, especialmente los que tienen que ver con la marcha y destino de esa comunidad, como elegir a sus autoridades.
Sin embargo, ello ha sido entorpecido por la derecha con demoras y excusas que más que atender a esos valores esenciales, han estado marcados por la calculadora electoral, que indicaría que buena parte de los chilenos residentes en el exterior son exiliados de la dictadura o familiares de éstos.
Eso dilató por mucho tiempo este avance, privando a estos compatriotas del ejercicio de un derecho elemental, incluso vulnerando la Constitución, que tras la aprobación de la inscripción automática, no establece requisito de residencia alguno para votar.
Es deber del Estado asegurar y facilitar a estos ciudadanos el ejercicio de su derecho, aún en el exterior y no obligación de éstos acercarse al país para hacerlo efectivo.
La última excusa invocada fue lo que se denominó “vínculo”. La UDI y alguna parte de RN señalaron que quienes viven en el exterior no se ven afectados por las decisiones que toman, por ello se requeriría que acreditaran esta relación a través de una vinculación permanente, como la posesión de bienes o viajar al país cada cierto tiempo.
Es un argumento muy torpe. El derecho a sufragio, como decíamos, emana de la sola pertenencia al grupo social. En el hay personas de todo tipo y condición, a quienes no se les exige requisito alguno, más que la edad y no haber cometido delitos graves. Con el mismo fundamento del vínculo, durante el siglo XIX se excluía a buena parte de la ciudadanía que no poseía bienes y, por tanto, se decía, tampoco sufría los efectos de su voto.
Quienes piensan de este modo, además de no entender el principio sociológico, jurídico y político que funda este derecho, le dan una naturaleza económica alejada de su esencia. No comprenden que hay cosas más relevantes, significativas y trascendentes que las consecuencias económicas y materiales de los actos.
La vinculación de estos chilenos que viven fuera con nuestro país es su interés, cariño y preocupación por su patria y, también, en la mayoría de los casos, por sus parientes.Eso no tiene que ver con los viajes a nuestro territorio o con la tenencia de propiedades en el.
Es una vinculación no material, sino afectiva. La hemos experimentado todos quienes hemos permanecido, por distintas razones, fuera del país por largo tiempo.Es lo que hace que un chileno en Estocolmo, Rio Gallegos o Madrid se ocupe de leer nuestros periódicos, busque los ingredientes preparar nuestras comidas, participe de campañas solidarias, se acerque a quienes viajan para saber de su ciudad o de su club favorito o vibre con nuestras selecciones nacionales.
También es lo que hará que se levanten a votar un domingo, a miles de kilómetros, cuando muchos de quienes viven acá no lo hacen. ¡Qué más vinculo se necesita !
Se ha dado un paso importante en esa justa lucha. Falta aún la tramitación, que esperamos sea rápida, en la Cámara de Diputados. Hay, asimismo, algunos puntos que suscitan dudas como la necesidad de inscribirse para cada proceso electoral, pero hemos avanzado para terminar con esta marginación injusta y odiosa. Chile somos todos.