El tráfico y el consumo abusivo de drogas es un problema mundial de gran importancia. En las últimas décadas el mundo, las Américas y también Chile han privilegiado enfoques represivos y sancionatorios para enfrentarlo.
Sus resultados están en severo cuestionamiento. El problema parece mantenerse o incluso aumentar.Surgen, entonces, voces que buscan nuevas miradas.En ese marco, la OEA analizó el asunto y elaboró un informe, que se ha dado a conocer recientemente.
El texto es muy interesante en cuanto recoge este sentimiento de frustración con los resultados de las políticas aplicadas, planteándose la posibilidad de impulsar medidas menos represivas, que incluyan, por ejemplo, la despenalización o legalización del autocultivo de marihuana. Ello enlaza perfectamente con la discusión que ha surgido en nuestro país respecto de la Ley 20.000, sus procedimientos y sanciones.
A la luz de este informe y de otras evidencias recogidas de legislaciones comparadas es posible pensar en fórmulas que saquen el foco de la represión, reservándolo sólo para las drogas duras y el crimen organizado.
Es este debate incipiente, pero muy importante y que no puede soslayarse, deben tenerse a la vista algunos criterios que me parecen muy relevantes.
En primer término, no debe caerse en el error de creer que se está promoviendo la producción y tráfico de drogas o favoreciendo su consumo.
El punto en discusión es otro. Se refiere a si la estrategia para enfrentarlas que descansa en la sanción penal a traficantes y consumidores ha sido o no exitosa y si es posible, en consecuencia, abordar el tema con otras políticas.
En segundo lugar, es importante aceptar y recoger todas las miradas. Aquélla que tienen sobre la materia algunos actores sociales, que pueden ver el tema desde la legítima perspectiva de las libertades públicas; la de quienes desde la mirada sanitaria expresan sus temores frente a la adicción que provocan algunas sustancias, particularmente cuando se consumen intensamente en la adolescencia y la que tienen ONG’s y profesionales que trabajan en la rehabilitación de jóvenes consumidores o la que tienen las familias o educadores que residen o trabajan en barrios con fuerte presencia de tráfico y que ven en toda su magnitud sus efectos. Todas son valiosas y necesarias.
En tercer lugar, debemos recordar que toda política sobre drogas debe abordarse esencialmente desde la perspectiva sanitaria. En ese sentido, es posible avizorar un camino menos represivo e incluso que otorgue a los consumidores vías para proveerse algunas sustancias sin caer en un ilícito, pero ello debe acompañarse con políticas muy enérgicas y masivas de prevención del consumo, particularmente a nivel de escolares y en sectores vulnerables y también ampliar sustantivamente la disponibilidad de terapias y rehabilitación para adictos.
Avanzar sólo en el sentido de la despenalización, regulación o legalización, puede producir efectos graves que hagan fracasar estas eventuales nuevas estrategias, volviéndose luego con mayor brío hacia posturas represivas.
Por último, creo relevante entender que las políticas públicas sobre drogas no escapan del objetivo general, primario y fundamental, de enfrentar el conjunto de brechas estructurales de nuestra sociedad, en desigualdad y pobreza, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, educación, salud, género y medio ambiente.
No es un tema aislado, sino global, consecuencia y factor detonante de otros asuntos y problemas.