No es nutrida la presencia o visibilidad del tema indígena en las campañas presidenciales. Son otros los temas que concitan el debate público. El problema es que para gran parte de la sociedad chilena y de nuestra clase política (oficialismo y oposición) el asunto indígena sólo es noticia cuando acontece algún hecho de violencia.
El último, que alcanzó gran notoriedad pública fue el incendio de Vilcún, en enero pasado. Sin embargo, entre ese hecho naturalmente trágico y en el presente siguen ocurriendo diversos problemas en la relación entre nuestros pueblos y el Estado.
En particular, entre abril y mayo fue evidente que la situación de distintos procesos judiciales alcanzó una enorme repercusión en las redes virtuales con motivo de la transmisión “en vivo” desde el inicio del juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado en contra del Estado de Chile por graves faltas al derecho de un debido proceso.
Y una delegación de mapuches viajó a Costa Rica para presentarse como testigos de las injusticias procesales que se cometen en su contra. Por cierto, el Estado nacional estuvo representado a través de abogados del Gobierno chileno. La Corte acordó mantener el juicio y realizar el proceso correspondiente, que pone a Chile como un país que afecta gravemente los derechos esenciales del pueblo Mapuche.
Pero nada de esto fue informado por los medios de prensa escritos y menos en los canales de televisión. Otros problemas se mantienen, como las demandas de comunidades indígenas ante megaproyectos que carecen de consulta ciudadana, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
En otros casos tenemos reivindicaciones territoriales que continúan marcando la pauta de situaciones sin resolver por parte del Gobierno. Todo esto sin dejar de mencionar el hecho de que una obligación del Estado ahora, con el Convenio 169 de someter a consulta diversas iniciativas privadas o públicas que afecten derechos de pueblos indígenas, fue asumida por una controvertida “Mesa de Consenso Indígena”, promovida por el Gobierno y que en el camino se ha ido desarmando, ante la evidencia de una falta real de voluntad de establecer acuerdos consultivos que tengan como parámetro real y vinculante los derechos colectivos de nuestros pueblos.
En este contexto, durante la campaña primaria presidencial que concluyó el 30 de junio, algunos pre-candidatos lograron establecer por escrito una interesante plataforma de compromisos gubernamentales en los cuales se reconoce la importancia de brindar espacio político, social, económico y cultural a los pueblos indígenas.
Los programas de José Antonio Gómez (PR) y Claudio Orrego (PDC) fueron los más contundentes en cuanto a establecer como finalidad la idea de una sociedad pluricultural y un Estado plurinacional. Eso representa un avance. Algo semejante concluyeron otros candidatos como Marcel Claude y MEO.
Los postulantes del oficialismo (Allamand y Longueira) coincidieron en la idea de establecer un nueva institucionalidad indígena a través de la creación de un ministerio de Asuntos Indígenas (proyecto ya enviado al Congreso por la entonces Presidenta Bachelet en enero del 2010) y ambos coincidieron además en una mirada campesinista del tema indígena, proponiendo nuevos planes de desarrollo para la Araucanía y mayor orden público. Ninguno cuestionó la aplicación de la Ley Antiterrorista.
La ex Presidenta y candidata del sector de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, a su arribo a Chile partió reconociendo como un error la aplicación de leyes contrarias a la doctrina internacional humanitaria en Derechos Humanos, como la Ley Antiterrorista; se ha reunido en regiones con exponentes del mundo mapuche y aymara y ha recogido elementos suficientes para iniciar la tarea de construir una propuesta programática en relación con nuestros pueblos indígenas.
A diferencia de otras campañas presidenciales, en lo escrito tenemos bastantes avances y coincidencias. Pero en el discurso público, salvo un gesto comunicacional de MEO quien grabó con esfuerzo un mensaje de saludo en mapudugun con motivo del Año Nuevo indígena, los demás candidatos/as no hicieron mayor referencia al tema en los debates públicos y en diferentes eventos.
Una razón puede ser que en el caso del pacto Nueva Mayoría se esperaba la elección del 30 de junio. Otro motivo puede ser que este tema requiere ser asumido con delicadeza y profundidad, situaciones que una campaña electoral corta no permite.
Sería extraño pensar que los candidatos/as presidenciales quisieran omitir el tema o considerarlo con un bajo perfil. Eso sería contrario a la enorme sensibilidad pública que existe respecto de las demandas indígenas.
En consecuencia, alentamos la esperanza de que más temprano que tarde, en las siguientes semanas, al menos en el caso de la candidatura presidencial del pacto Nueva Mayoría, tengamos una primera propuesta de ideas programáticas que Michelle Bachelet pudiese poner en común, para conversar en los meses siguientes, previos a la elección presidencial de noviembre con el movimiento social indígena.
Así debería ser.