Lentamente los movimientos sociales y ciudadanos chilenos están comenzando a poner en cuestión la manera en que en Chile se organiza y tutela la salud. Las astronómicas ganancias de las ISAPRES, el costo de los planes de salud privados, el precio de los medicamentos son elementos que han abierto una brecha que nos puede permitir discutir sobre nuestra salud y calidad de vida.
Qué entendemos con esos términos y qué formas y caminos son los más adecuados para tutelarlas y promoverlas, para que sean finalmente, el pilar sobre el cual organizar nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestros tiempos y nuestros espacios.
En esta discusión, existe un punto central que dice relación con la necesidad de analizar los vínculos entre salud y trabajo. ¿Cómo influye el trabajo sobre nuestra salud y calidad de vida? La respuesta a esta pregunta, que ya en otras circunstancias hemos tratado de evidenciar, necesita sin embargo tener en cuenta otro punto de vista, ¿la salud es una preocupación para los trabajadores?
A éste propósito es importante notar que normalmente nos preocupamos de la salud cuando nos enfermamos o cuando alguien de la familia se enferma, o cuando los años comienzan a pesar.
Es decir que normalmente vinculamos estrechamente la salud con la enfermedad, y de esa manera perdemos la complejidad de sus implicancias, su vinculación con las condiciones en que vivimos y trabajamos. De esta forma la salud se torna algo lejano, que de repente está mejor o peor, independientemente de las relaciones de trabajo y de empleo en las cuales estamos involucrados.
Esta situación produce que el tema de la salud esté ausente de los temas que son priorizados por los trabajadores para sus peticiones o demandas de mejoras laborales.
Es más, cuando está presente asume la forma de compensación monetaria, de incentivo en dinero, de bono. De esta forma los logros alcanzados en las negociaciones colectivas llevan a hipotecar la propia salud, no vislumbrando que los logros alcanzados no podrán revertir los daños a la salud productos de las sobre exigencias pactadas: los bonos por no ausentarse (llamados “de presentismo”), por no accidentarse, por trabajar en faenas de riesgo, por ejemplo, provocan que los/as trabajadores/as no realicen reposo por enfermedades o accidentes, asuman o se expongan a riesgos mayores a sus capacidades, se sobre exijan para lograr una meta productiva. A la larga esta dinámica produce daños a la salud física y mental, a causa de la acumulación de estas cargas a lo largo de la vida laboral.
Todo eso no tiene causas naturales más bien responde a las lógicas “voraces” de las empresas, que necesitan mano de obra siempre disponible, sana y dispuesta a todo para garantizar la prosperidad de la empresa.
Por ese fin utilizan exámenes pre ocupacionales para seleccionar a la mano de obra más apta, utilizan los bonos para estimular y garantizar la generación constante de ganancias, que desgastan y enferman a los/as trabajadores/as para volver finalmente a seleccionar nueva mano de obra dejando afuera aquellos que ya han sido dañados por el trabajo.
En este torbellino las personas que trabajan son consideradas como desechables que, en caso de no cumplir con los ritmos y metas impuestas por las empresas pueden ser reemplazadas. Si esta situación se da en los trabajadores formales (considerados aquellos con un contrato y las correspondientes protecciones laborales y sociales), ¿qué pasa con los/as trabajadores/as en situación de informalidad, considerando que sus empleos no cumplen con condiciones legales de contrato ni de seguridad social: vejez, salud, cesantía?
En Chile los datos de empleo nos muestran que solo un 41%(1) del total de ocupados tiene un empleo protegido, es decir con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo.
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los llamados “falsos asalariados” en Chile llegan a un 18% (1.078.830 personas) los que, aun teniendo una relación de trabajo dependiente, no tienen contrato laboral no pudiendo contar así con el sistema de protección de derechos laborales que caracteriza a un asalariado convencional.
Además(2) , las cifras muestran que la desprotección en seguridad en salud reportada por los trabajadores llega a un 6% y en salud ocupacional alcanza a un 58,3% (con un 43% en trabajadores y un 52% en trabajadoras).
La informalidad y la desprotección emergen entonces como una realidad presente y difundida en el mercado laboral chileno, poniendo problemas a la hora de considerar sus implicancias en tema de salud.
Para los trabajadores informales el nivel de salud tiene una importancia crucial, dado que es gracias a ella que pueden sustentar el acceso y mantención del trabajo. Se produce en este sentido un perverso mecanismo que hace depender los ingresos y la sobrevivencia del trabajador informal de su capacidad de no enfermarse: la enfermedad puede significar pérdida de la fuente laboral y menos ingresos, así como endeudamiento, necesario para pagar la atención médica.
Nuevamente, una concepción de salud restringida a su relación con la enfermedad provoca su pérdida de valor, ya que el trabajador optará comprensiblemente por esconder o pasar a segundo plano su estado de salud sacrificándolo para mantener ese empleo necesario para su sobrevivencia.
A lo anterior se suma el hecho de que al trabajador informal le sea muy difícil o casi imposible negociar las condiciones de contratación y las de trabajo, y menos aun las condiciones de seguridad y salud laboral, dejándolo sin protección frente a la exposición a riegos para su salud.
En el contexto de estas relaciones de empleo, se generan entonces condiciones peligrosas que empujan a los trabajadores informales a sobre exigirse acumulando de esta forma daños a la salud de distinto tipo.
Los pocos estudios a disposición documentan que por ejemplo los trabajadores informales sufren de desórdenes de salud mental y trastornos psicológicos, como depresión, estrés y ansiedad. Otro orden de daños dice relación con la presencia de dolores físicos (a la espalda en particular) y problemas cardiovasculares, junto con hábitos poco sanos como el tabaquismo y el consumo de alcohol.
El debate que lentamente se está abriendo en nuestro país en torno a la salud y a las mejores formas para tutelarla y promoverla, entonces, no puede obviar el vínculo profundo y esencial que ella tiene con el trabajo.
En particular, dado que ya conocemos con cierta profundidad los impactos en salud provocados por las específicas condiciones de trabajo (los riesgos del ruido, del uso las sustancias toxicas, del calor y del frío, por ejemplo), habría que dedicar especial cuidado a un tema históricamente menos considerado: los impactos causados por las condiciones de empleo.
No da lo mismo para nuestra salud trabajar con un contrato a tiempo indefinido o con una boleta a honorario o un plazo fijo.
No da lo mismo trabajar pudiendo asociarse en un sindicato y negociar colectivamente o estando expuestos al unilateralismo empresarial.
No da lo mismo trabajar con un contrato o sin contrato.
Las relaciones de fuerza y poder que emanan de esas distintas situaciones son cruciales en decidir cuánto tiempo dedicamos al trabajo y a la vida privada, qué márgenes de control tenemos sobre nuestro trabajo y sobre las condiciones de seguridad, hasta el nivel de ingreso que nos pueda permitir acceder a una vida decente.
En este sentido la legítima afirmación de la salud como derecho que comienza a difundirse en los movimientos sociales debiera necesariamente acompañarse por la puesta en cuestión de las relaciones de fuerza y poder que vivimos en el mercado laboral.
(1)Fuente Fundación Sol
(2)Fuente ENETS 2009-2010, MINSAL