La iniciativa del gobierno de impulsar un cambio en la ley de migraciones, que acaba de entrar a primer trámite en el Senado, ha provocado diversas reacciones y críticas, tanto de organizaciones de inmigrantes como de entidades que les prestan apoyo, entre ellos el Servicio Jesuita a Migrantes.
Un cuestionamiento principal y compartido por estas organizaciones es el criterio economicista de la reforma, en especial, la figura de una visa de trabajo temporal que facilitaría el ingreso de migrantes estacionales desde países cercanos, medida que estaría enfocada a proveer de mano de obra a la agricultura.
Este solo punto de la reforma, aún sin ser el único que ha sido objeto de reparos, advierte de un diseño que piensa en los eventuales beneficios para un sector productivo y mucho menos en la integralidad de los elementos en juego.
En 2011, 150 trabajadores paraguayos denunciaron que habían sido sometidos a malos tratos e ilegalidades por parte de una empresa agrícola ligada a un conocido empresario nacional. Los inmigrantes habían sido traídos a Chile para trabajar en labores agrícolas, pero las condiciones de vida y salarios estaban muy lejos a las supuestamente comprometidas.
La fiscalía asumió el tema como un caso de trata de personas, algo que advierte sobre el riesgo de favorecer un sector productivo que probablemente no va a poder ser suficientemente fiscalizado. Si la ley avanza en este tipo de propuestas puede terminar impulsando malas prácticas, e incluso darles un paraguas legal, con serias consecuencias tanto para los afectados como también para la imagen del país.
Al margen de ello, el proyecto de ley pareciera insuficiente en el reconocimiento de derechos migratorios y rigidiza la posibilidad de hacer cambios en el tipo de visado.
De hecho, otro aspecto que es cuestionado es la necesidad de contar con visas de trabajo desde el país de origen, traspasando tareas desde Extranjería del ministerio del Interior a la red consular. Este punto también debería ser analizado con cautela no sólo porque impone una nueva barrera a la migración, sino también porque se advierte que no hay una infraestructura consular adecuada y se requerirían establecer nuevos controles de gestión.
En esta línea, en 2002 se denunció la venta ilícita de visas a ciudadanos chinos precipitando la renuncia del cónsul a cargo y un proceso judicial. El caso terminó siendo sobreseído en 2012, pero dejó de manifiesto que los controles administrativos habían sido insuficientes.
En general, la propuesta del gobierno viene a ser una adaptación más bien formal de lo que ha sido la política migratoria chilena desde mediados de los años cincuenta. El DFL 69 de 1953 que creó el Departamento de Migración justificó una política basada precisamente en criterios económicos. Entre otras cosas señalaba: “…que no sólo la inmigración de carácter agrícola se hace necesaria en el país, sino también y principalmente la incorporación de elementos técnicos, pescadores, obreros especializados y artesanos”…“…que el aumento de la población es un factor fundamental a la industrialización, porque aumenta el mercado de consumo interno”.
En síntesis, el fundamento y origen de nuestro sistema migratorio daba cuenta de una mirada propia de la era de la industrialización, aunque obviamente ha habido adaptaciones en estos años que han ido asumiendo derechos de los inmigrantes.
En este tipo de cosas hay que tener especial cuidado de no empezar a retroceder en aspectos sociales superados, basta señalar que el modelo de inmigración selectiva, que se trató de impulsar en Chile a mediados del siglo XX, también suponía explícitamente que “…contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza”.
El Decreto ley 1.094 de 1975 que establece normas para los extranjeros en Chile, que sigue vigente, se caracteriza no tanto por un carácter restrictivo sino porque termina imponiendo una amplia discrecionalidad y no consigna los derechos migratorios que incluyen las legislaciones modernas.
La Ley señala específicamente que “…las atribuciones que correspondan al ministerio del Interior, para el otorgamiento de visas, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste…”Art.13.
De esta manera y para efectos prácticos, la política migratoria podría variar sustantivamente no sólo ante un cambio de gobierno, sino con un director de servicio más proclive o más resistente al tema migratorio. El problema de la discrecionalidad es que se constituye en una expresión de discriminación, algo que precisamente está en el centro de la discusión de nuestra política interna en este período y que marca la agenda futura.
Aquí surge una cuestión fundamental, ya que si la reforma del gobierno se aprobara en las condiciones que está, es probable que quede rápidamente superada por los cambios sociales que demanda buena parte del país.
Si transitamos hacia una sociedad donde se asumen un conjunto de derechos, es claramente inconveniente no sólo mantener el sistema migratorio tal como está, sino que contribuir a asentar una alternativa migratoria que no se equiparará a otras políticas públicas podría constituirse en un despropósito.
Otro aspecto del tema tiene relación con la aplicación de la ley. El sistema actual, marcado por una suerte de colapso permanente del servicio de extranjería, admite arbitrariedades y dilaciones casi kafkianas. Este tema no sólo afecta a los inmigrantes, sino que es un factor que desalienta a los empresarios para su contratación, tal como lo refleja un estudio reciente de la OIM.
Esto no es una crítica a los funcionarios de Extranjería ni propiamente al Servicio que, en muchos casos, no cuenta con personal suficiente ni recursos para atender los requerimientos actuales. Sin embargo, es importante considerar que una reforma que no da cuenta de las imprescindibles adaptaciones del Servicio es un cambio a medias.Aquí hay que evaluar el sistema de manera más integral conciliando lo legal, presupuestario y organizacional.
Hasta aquí advertimos tres pilares que deberíamos considerar frente al tema migratorio: uno es el establecimiento de derechos reconocidos y comúnmente aceptados en el sistema internacional para los migrantes; segundo, la conciliación de la política migratoria con otras políticas sociales; y tercero, una adaptación comprehensiva del marco legal y su aplicación.
Un cuarto tema es cómo visualizamos el tema migratorio y sus tendencias, de tal forma de crear condiciones para una evolución que no provoque quiebres o retrocesos que afecten precisamente a los sujetos de migración. Este punto no es accesorio ya que al menos un pre candidato de la derecha sustenta o justifica una ley de inmigración restrictiva, en especial que limite lo que define como “migrantes ilegales” porque éstos estarían “… obteniendo fuentes de trabajo que podrían tener mujeres chilenas”.
El precandidato también muestra preocupación por la creciente migración centroamericana y aboga por un modelo selectivo que, como vemos, se acerca peligrosamente a los criterios de la década del cincuenta.
Uno de los chilenos más reconocidos en el mundo, Roberto Matta, recordaba su éxodo hacia Europa en los años treinta y hacía el contrapunto sobre su situación de origen y el impacto de ese tránsito migratorio. El artista, que había salido como un tripulante de barco mercante, llegó a Liverpool donde literalmente no conocía a nadie.
Roberto Matta recordaba que en Chile había sido objeto, hasta entonces, de “…una especie de respeto y de dignidad, y de cariño y de entusiasmo en cierta manera.Probablemente era uno de los que prometía o algo así…y de repente se convierte en cero, se convierte en un negro de Harlem en 1890. Más encima, en un negro del sur al que los negros del sur no lo quieren saludar tampoco”.
Después de esa experiencia, y ya instalado en Europa, el artista incursionaría en la poesía de la mano de García Lorca y conocería a André Bretón, el fundador del surrealismo, decantándose finalmente por la pintura que lo llevó a la fama mundial.
La anécdota nos habla de desarraigo, segregación y también de superación; se trata, en definitiva, de la vida y de personas que buscan su inserción en una sociedad distinta a su origen. Es eso lo que nos transmiten los jesuitas y que está en la base de sus reparos al proyecto y al discurso más corriente. Abrazar las ideas de la ultraderecha europea, que propende a la discriminación y la exclusión, no es el camino ni un aporte al crecimiento o desarrollo de la sociedad.
En materia de inmigración, nuestro país se ha quedado rezagado en el concierto sudamericano en muchos aspectos, en especial en el plano legislativo. La discusión de este tema requiere un tratamiento particularmente exhaustivo porque claramente no es una política proclive a cambios.
Esto no se puede hacer sin la participación de las organizaciones y actores que tienen algo que decir en un tema que, como se ha dicho, abarca mucho más que intereses económicos y puede ser objeto de miradas prejuiciadas e incluso anacrónicas.
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