No cabe duda la gravedad de lo que ocurre en Temuco y Padre Las Casas. La gente bien lo sabe, pero el grito de protesta se viene escuchando desde hace años.Ahora, fueron las cacerolas las que en una fría noche temuquense alertaron a los ciudadanos de una situación que francamente es inaceptable.
Claro que es importante tomar medidas, pero éstas, al igual que en otras áreas, para que sean efectivas y estén legitimadas, deben ser consultadas a la ciudadanía. No estamos en un reino donde el monarca hace y deshace sin preguntar a los vecinos. Muy por el contrario.
Las medidas que se adopten deben formar parte de una política pública y la restricción para algunos sectores de la comuna de Temuco, a ciertas horas del día del consumo de leña, constituye una medida aislada, improvisada, injusta e inconsulta.
Por otra parte, hay que agregar que esta restricción es arbitraria e indebida, afectando la Garantía Constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, norma que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, lo que se vulnera al establecer la restricción al consumo de leña sólo en determinados sectores de la ciudad, definidos de modo arbitrario y sin que se den razones para la exclusión de otros lugares.
Se afecta el principio jurídico elemental que sostiene que “a la misma razón, la misma disposición”. Ello significa que si en otros sectores se está contaminando de la misma forma como en el sector restringido, debió aplicarse la misma norma.
El Decreto de restricción establece, además, que dentro del sector en que se aplicará la medida, sólo podrán funcionar las estufas entregadas en el plan de recambio impulsado por el ministerio del Medio Ambiente. De esta forma se afecta, también, la Garantía Constitucional de igualdad ante la ley, ya que hay familias que han adquirido estufas no contaminantes sin subsidio del Estado. Ellos tampoco podrán usar leña, con lo que se estimula la dependencia de las personas de los subsidios estatales.
Ahora bien, desde el punto de vista social, la medida es profundamente injusta. En el sector que se restringirá hay familias que efectivamente pueden hacer un esfuerzo para disponer con sus propios recursos de estufas y leña de buena calidad, pero hay una mayoría que no tiene forma alguna de hacerlo. Se castiga entonces nuevamente a las familias de menores ingresos, con el consiguiente perjuicio para el grupo familiar.
Si bien debemos evitar que este conflicto, que tiene características ambientales, sociales, económicas y culturales, se transforme, además, en un conflicto político, no se puede callar ante lo que constituye un evidente fracaso y un fenómeno que sigue en aumento y que amenaza la calidad de vida de todos los habitantes de estas comunas.
Seamos honestos, fracasó el intento de ejecutar un Plan de Descontaminación mal concebido desde sus orígenes por los anteriores Gobiernos y no modificado como prometió la actual administración. ¿Quienes pagan? Los vecinos y sus familias. Un conflicto que sigue en aumento.
Tal vez el ícono del fracaso de la gestión ambiental está en que para este año 2013, se financió el recambio de 1.870 estufas por la SEREMI de medio Ambiente , adjudicándole el contrato a la empresa SAME LIMITADA.
Esta empresa no ha podido cumplir el contrato y se anuncia que el cambio de 1.870 estufas (de un total de 100 mil) sólo podrá hacerse después del mes de septiembre es decir, en primavera. Saque usted sus propias conclusiones.