El asunto es más complejo pero recurramos a la sencillez de la columna de opinión.
¡No hay “pactos” ni “contratos” sociales! No existen. Y si los hubiera, sería el tiempo de cambiarlos.
Hay muchas maneras de explicarse la vida en sociedades estatales, y las normas que en ellas obligan a los ciudadanos y al Estado.
Y esas explicaciones teóricas suelen equilibrarse en el filo del ser y del deber ser.
El pensamiento cristiano tomista, neotomista y reneotomista del “bien común” es evidentemente un “deber ser”. Se dice “el estado es el rector del bien común”. Debe decirse “el estado debe ser el rector del bien común”. La teoría del bien común puede servir como tal pero no explica nunca el verdadero carácter del real Estado.
Tomás de Aquino (s.XIII), principal teórico del “bien común”, vivió en una sociedad en dónde jamás se aplicó la norma del “bien común”: era una sociedad esclavista y servil, en la que prevalecía sin contrapeso el poder de los grandes terratenientes armados autodenominados reyes o señores, papas o cardenales.
El levantamiento del “contrato social” de Rousseau (s. XVIII), es una explicación teórica pos Edad Media europea sobre cómo funciona y debe funcionar un Estado Moderno (el capitalismo ya surgía con fuerza).
A los que sostienen la idea del “contrato social” habría que preguntarles ¿En las sociedades previas al capitalismo no hubo “contratos sociales”?
¿No los hay en la actualidad en países de Asia, África y América en los que aún no ha llegado a establecerse un Estado capitalista con sus normas y leyes?
Prefiero quedarme con las teorías que explican el origen y desarrollo del Estado, sus fuerzas armadas regulares, su educación, sus profesionales, sus normas económicas, sus derechos (y deberes), en síntesis, su “poder” y su “hegemonía”, entendiendo primero los intereses de clase que dan origen al concreto Estado, las luchas sectoriales y globales que se dan en el, los mismos que lo sostienen y lo complejizan para hacerlo abierto (democrático) o cerrado (autoritario) y objeto de tibias o profundas reformas nacidas de la creciente voluntad ciudadana.
Sin duda la incorporación de “los derechos humanos” a las estructuras teóricas de los estados capitalistas (en los capitalistas “privados” más que en los estatales) con posterioridad a las masacres y genocidios de la Segunda Guerra Mundial (1945) y el creciente poder de la ciudadanía en la segunda parte del s. XX han ido reformando, durante medio siglo, el andamiaje de poder y hegemonía en el que se asienta el Estado occidental actual.
La historia de Chile en los siglos XIX y XX es la historia de un Estado Nacional impuesto por la burguesía a partir de los años 1830, como sucesor del Estado Monárquico Español (siglos XVI, XVII y XVIII), impuesto por Castilla y León en sus colonias sudamericanas. Y su evolución.
El habitante común de Chile, el potencial ciudadano del país, no influyó para nada en la instalación de la Constitución de 1883 e influyó muy poco en la de 1925.
¡Para qué decir en la aprobación de la de 1980, sin padrones electorales, con estado de sitio y más de la mitad de la ciudadanía ilegalizada!
En nuestra historia nunca ha habido un “acuerdo social” entre el Estado y los habitantes. Estos sólo fueron ciudadanos hace 43 años, con la reforma constitucional que otorgó derecho a voto a todas y todos los mayores de edad, hombres o mujeres, alfabetos o analfabetos.
La Constitución de 1883 fue impuesta por los conservadores católicos al país (a los liberales derrotados en sangrientos campos de batalla y a todos los sectores sociales subalternos al latifundio militarizado). José Joaquín Prieto, antes de ser Presidente en 1831 fue el jefe militar “pelucón” que derrotó por las armas a los “pipiolos”.
La Constitución de 1925 fue impuesta al país por una alianza liberal, con respaldo militar mayoritario. Encabezó la reforma el Presidente Alessandri Palma.
La Constitución de 1980 fue impuesta a Chile por la dictadura cívico-militar de carácter fascista que gobernó desde 1973 hasta 1989 y que dejó establecida su impronta ideológica, económica y política, de manera cerrada y casi imposible de reformar a fondo con mayorías ciudadanas.Una Constitución más cerrada que las de 1833 y 1925.Fue obra en especial de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet.
¿Se han creado las condiciones para que la Constitución chilena sea reformada a fondo por los ciudadanos o, más, reemplazada por ellos?
Los ciudadanos, que ya eligen Presidente de la República, congresistas nacionales y autoridades políticas comunales, pueden también, por mayoría, darse una nueva Constitución democrática y reformadora del capitalismo impuesto a Chile en los años 70? ¿Uds. lo ven claro?
¿Podremos llegar a firmar pronto, (no uno “nuevo”, ya que nunca hubo “el viejo”) sino el primer Contrato Social de nuestra historia?
Todo dependerá de la fuerza política que desencadene la ciudadanía. Esa ciudadanía que no existía en 1883, que apenas asomaba en 1925 y que fue aherrojada en 1980.