Es extraño que quienes se declaran partidarios de elegir una asamblea constituyente eviten pronunciarse respecto de cómo se elegiría, cuándo se elegiría, cuánto tiempo funcionaría y qué papel tendrían el gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional en la hipotética aprobación de su convocatoria.
Dado que el país estará suficientemente ocupado este año eligiendo Presidente, senadores y diputados, se deduce que los patrocinadores de la asamblea quieren elegirla el próximo año, cuando inicie su gestión un nuevo gobernante. Suponiendo que el proyecto consiguiera el aval del Ejecutivo y el Legislativo, la agenda del nuevo mandatario quedaría completamente subordinada a sus esfuerzos para desatar los nudos que implica la iniciativa, y nadie asegura que pueda conseguirlo.
¡Parece un regalo envenenado para quien asumirá la Presidencia dentro de 8 meses!
¿Proponen los partidarios de la asamblea que Chile tenga dos Parlamentos? Si no es así, ¿qué pasaría con el Congreso que se renovará en noviembre? ¿Se cerraría mientras funcione la asamblea? ¿Y qué sucedería si la asamblea cambia el régimen político y establece, por ejemplo, un Parlamento unicameral? ¿Los senadores y diputados se van a cruzar de brazos?
Algunos dan a entender que la asamblea es la vía para ponerlo todo o casi todo en discusión. Parece que imaginan una especie de borrón y cuenta nueva. El detalle es que el país ha recorrido un camino desde 1990 hasta hoy que no se puede anular con un mero acto de voluntarismo.
Las grandes reformas requieren amplios acuerdos.
La asamblea pudo ser una fórmula apropiada luego del plebiscito de 1988, pero el bloque triunfante solo tuvo fuerzas para pactar 54 reformas a la Constitución con el régimen autoritario, y asegurar la elección del primer Presidente y el primer Parlamento en un marco de plena vigencia de las libertades públicas. Es obvio que una Constitución que fue ilegítima en su origen adquirió legitimidad de ejercicio en el momento en que todas las fuerzas políticas se incorporaron al proceso del plebiscito del 88 y la elección del 89.
La Constitución ha sido reformada en diversos grados en 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Los cambios más relevantes se produjeron en 2005, cuando se eliminó la figura legal de los senadores designados y vitalicios; se restableció la facultad presidencial para remover a los comandantes en jefe de las FF.AA. y al director de Carabineros; se modificó el carácter del Consejo de Seguridad Nacional, que pasó a ser un organismo asesor del Jefe de Estado.
Sin embargo, la Constitución aún no satisface las exigencias de una democracia moderna, sobre todo debido a los altos quórum que establece para las reformas del propio texto constitucional.
Hay que resolver ese problema y otros, como el surgido de una desafortunada enmienda del 2005 aprobada por todos los partidos. Se trata del Art.51, que dice: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. No puede haber parlamentarios designados. Lo que corresponde es elegir al reemplazante en una elección complementaria.
Como se sabe, la reforma política más urgente está fuera de la Constitución: se trata del sistema electoral binominal. Hace pocos días, la comisión de Constitución del Senado acordó estudiar los términos de tal reforma. Es una buena señal, que ojalá se materialice a corto plazo en un acuerdo de ambas ramas del Congreso.
Es válido plantear la necesidad de que el texto constitucional precise mejor la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar efectivamente los derechos sociales, no obstante que sabemos que ello dependerá de la capacidad real del país para sostener y financiar tales derechos. Lo deseable es que no haya disposiciones constitucionales que sean letra muerta.
Se supone que los chilenos somos capaces de identificar una crisis institucional.Conocemos sus estragos por experiencia directa, y también porque los hemos visto en otras naciones de América Latina.
Pues bien, Chile no está atravesando por una crisis institucional. No están bloqueados los caminos institucionales para seguir progresando. Por ello, es mejor cuidar las palabras. Si alguien afirma que la Constitución es ilegítima, como lo ha hecho José Antonio Gómez (ex ministro de Justicia, actual senador y candidato presidencial “dentro” de esa Constitución), ello abre las puertas para que otros sectores afirmen lo mismo, y actúen en consecuencia. Por ese camino, solo podemos esperar calamidades.
El nuevo pacto constitucional debe producirse en el Congreso. Eso implica dialogar, discutir, buscar puntos de convergencia. Las discrepancias tienen que ser procesadas de acuerdo a los mecanismos del Estado de Derecho.
El país necesita reforzar la autoridad del Congreso Nacional. Para ello, los senadores y diputados tienen que defender sus prerrogativas constitucionales. No pueden renunciar a su condición de representantes del conjunto de los ciudadanos para abordar, con suficiente información y buen criterio, las reformas que deben perfeccionar nuestro régimen democrático.
Chile puede tener una mejor Constitución, siempre y cuando prevalezcan el realismo político, el sentido nacional y el compromiso con los procedimientos institucionales.