Los partidos opositores recapacitaron y, aún si no inscribieron candidaturas para primarias parlamentarias legales, han planteado el compromiso ¿esta vez sí? de realizar primarias alternativas no reguladas por nuestra legislación en un número aún no precisado de distritos parlamentarios y circunscripciones senatoriales.
Hay que reconocer en este viraje el papel que jugaron las declaraciones de Michelle Bachelet, quien reaccionó de inmediato a la deplorable decisión de la oposición, así como la postura de las candidatas a la cámara de diputados Maya Fernández y Teresa Valdés que llamaron en sus respectivos distritos a primarias ciudadanas, reforzadas finalmente con la petición de Claudio Orrego a todos los partidos de realizar primarias.
Ni hablar del efecto demoledor de la conferencia de prensa de Andrés Velasco que desnudó la responsabilidad de los dirigentes en esta decisión, a la que calificó duramente con el término de traición a la profundización de la democracia, y a la que se sumaron las declaraciones de Giorgio Jackson afirmando que nunca hubo real voluntad de realizar primarias.
Porque la verdad, nada más surrealista que ver los aparentes rostros compungidos de los presidentes de partidos diciendo que no se había podido llegar a acuerdos para las primarias parlamentarias como si estuvieran hablando de terceros, ignorando que eran ellos lo que no habían concurrido a tal acuerdo.
No era uno o un par de partidos los responsables, eran todos los que reivindicaba el derecho a un equilibrio de representación en los cupos, cuestión que obviamente se ponía en riesgo si la decisión recaía en la ciudadanía que concurría a las respectivas primarias.
Es decir, entre el equilibrio de todos los componentes del pacto electoral y la representatividad de los candidatos por una vía participativa, los dirigentes de los partidos opositores optaron por lo primero. Bastante semejanza con las argumentaciones que se escuchan a favor de preservar el sistema binominal, enfatizando la necesidad de privilegiar la gobernabilidad por sobre la representación y la participación.
En este cuadro bochornoso, la reconsideración de realizar primarias no legales como parte del acuerdo parlamentario opositor es mejor que nada,pero no hay que hacerse mayores ilusiones, porque no sólo no se repara el daño de credibilidad que arrastra el ejercicio de la política, sino porque los resultados del procedimiento que se va a utilizar pueden ser muy pobres.
En primer lugar, seguramente a medida que avancen los esfuerzos de negociación para alcanzar acuerdos en los partidos opositores se reducirá el número de distritos y circunscripciones en que la selección de candidaturas quedará sujeta a la realización de primarias. Es presumible que serán muy pocos los candidatos que se elegirán por este procedimiento de consulta, una vez que todos los integrantes del pacto electoral hayan visto satisfechas sus necesidades de cupos. Si para las municipales las primarias para elegir candidatos a alcaldes fueron reducidas, en esta ocasión probablemente sean casi marginales. Y no tendrán, a diferencia de aquellas, mayor valor emblemático.
En segundo lugar, porque a diferencia de las primarias legales que, a pesar de limitaciones en la ley que se aprobó, crea la oportunidad de una amplia participación ciudadana, en estas primarias organizadas por los partidos serán las estructuras partidarias más fuertes las que garanticen la elegibilidad de sus candidatos. Salvo algunas figuras de gran influencia en la opinión pública o de gran arraigo en su territorio, la ciudadanía tendrá muy escasa motivación para participar en estas primarias, máxime si ellas se realizarán en fecha distinta a las primarias legales del 30 de junio.
La lección que deja este hecho que pudo haber sido evitado es asumir que las decisiones, cuando se toman tarde y por presiones externas ajenas a las propias convicciones, no logran revertir las situaciones en las que se quiere incidir. Y estas primarias placebo no habrán de contribuir a mejorar la empobrecida calidad de la política.