El 30 de abril del 2013 pasará a la historia como el día en que se formalizó por primera vez, en la historia de Chile, a una empresa por el delito de cohecho en la forma de soborno.
Esto resulta de vital importancia pues es indispensable −en un país en el que cada vez que se habla corrupción, sólo se apunte hacia los funcionarios públicos− que comience a establecerse como hecho cierto, el que no existirían funcionarios públicos corruptos si no existiesen actores privados dispuestos a corromperlos y, por tanto, que la corrupción está lejos de ser un tema y una responsabilidad, solamente, del Estado.
Así las cosas, la Fiscalía Nacional −en la persona de la fiscal Macarena Cañas− luego de una larga y rigurosa investigación, ha llegado a la convicción de que la industria de pinturas Ceresita S.A., persona jurídica de derecho privado y con fines de lucro, que funcionó durante años en la comuna de Recoleta al margen de la ley, con una actividad contaminante y peligrosa, obtuvo en al año 2011, bajo la administración de la UDI, una patente provisoria de funcionamiento. Ello, nuevamente al margen de lo establecido en nuestras leyes, pagando a través de una tercera empresa denominada Carpe Diem, al director de Obras de la Comuna, Carlos Reyes, un monto cercano a los 11 millones de pesos.
No obstante lo anterior y a pesar de que la pena que arriesga la industria Ceresita S.A. puede llegar incluso a la liquidación de la misma, la fiscalía, en acuerdo con la actual administración municipal (PC) y con los imputados, ha buscado una forma de reparación del daño causado, que no implique daño para aquellos que no cometieron delito alguno, como es el caso de los más de 2000 trabajadores que quedarían sin trabajo si se aplicara a esta medida, la que permitiría, además, que los socios se distribuyeran el patrimonio de la misma, no perdiendo en ese caso, nada más que la marca y el prestigio de la empresa, hoy fuertemente cuestionada por su propio accionar.
En este contexto es que se ha aprobado, una suspensión condicional del procedimiento judicial a cambio de una serie de medidas que la empresa Ceresita tendrá que implementar, en beneficio de la comunidad de Recoleta, para reparar parte del daño causado a la misma, a la fe pública y a la imagen de la Municipalidad de Recoleta.
La primera de estas medidas es que Ceresita S.A. deberá hacer abandono de la comuna de Recoleta, mediante el traslado de todas sus faenas industriales, cumpliendo para ello la totalidad de la normativa medioambiental vigente.
Deberá, además, demoler las instalaciones que existen actualmente en el sitio en el que funcionaba, ubicado en Gabriel Palma N° 820 y donar a la comuna seis mil metros cuadrados del mismo, convertidos en un parque para la comunidad, con una multicancha, con implementación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios estacionales, senderos y nuevas luminarias, luego de un proceso de descontaminación y remediación del terreno en cuestión.
En las inmediaciones de este parque, la empresa deberá desarrollar un sistema interconectado de plazas, que abarcará físicamente el mejoramiento −vía inversión e implementación de paseos peatonales− de senderos, juegos infantiles, implementación deportiva estacionaria, césped, flores e iluminación, de las plazas San Rafael, Alfonso Ortega, José María Caro y La Consistorial.
Asimismo, reparará, mejorará, reemplazará y/o construirá un paseo peatonal en las veredas del circuito identificado en extensión y calidad de la calle Gabriel Palma, que unirá, física y conceptualmente, el parque donado y las plazas intervenidas.
Deberá además, pintar las fachadas correspondientes a las casas utilizadas como habitación y que enfrenten las calles Gabriel Palma, entre Avenida Diagonal José María Caro y Calle Alfredo Lobos; Obispo San Miguel, entre las calles Gabriel Palma y Padre Antonio Correa; Alfredo Lobos, entre las calles Gabriel Palma y Emilio Álvarez; además de todas las casas utilizadas como habitación que enfrenten a las plazas antes mencionadas.
Adicionalmente, deberá equipar todos los consultorios de la comuna de Recoleta con equipos para enfermedades respiratorias, consistentes en kits para emergencias respiratorias; aerocámaras; cánulas nasales; máscaras y nebulizadores. Todo, en versión pediátrica y para adultos. Además de mascarillas de alta protección e inhaladores para personal sanitario y remedios para las mismas afecciones.
Por último, deberá implementar y aplicar, al interior de la empresa, un modelo de prevención de delitos como el que establece la ley, debiendo exhibir y entregar a la Fiscalía la certificación y los documentos que acrediten la aplicación del modelo, su evaluación y sistema de control permanente, de manera de evitar, a futuro, que sus funcionarios directivos y trabajadores vuelvan a incurrir en este tipo de conductas que tanto afectan a la comunidad y a la fe pública.
Una valoración económica general de las condiciones que tendrá que cumplir la empresa, en un plazo máximo de 24 meses, para evitar la continuidad del juicio en su contra, arroja una suma cercana de 1300 millones de pesos lo que, si bien, no repara todo el daño causado, sin duda contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los más directamente perjudicados, además de entregar una señal sin precedentes, en una de las aristas, hasta ahora completamente ausentes, del combate a la corrupción.
De esta manera, se suma a las formalizaciones personales −que seguramente terminarán con penas de cárcel− la formalización de una persona jurídica y se comienza a poner término, como posibilidad real, a los tiempos en que propiciar la corrupción quedaba impune y damos inicio a una etapa en la cual las empresas que lo hagan deberán, de verdad, reparar el daño causado, tanto a la comunidad como al bien superior de la fe pública.