El candidato radical a la Presidencia, José Antonio Gómez, ha levantado como elemento diferenciador de su postulación la idea de elegir una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución.Dijo que Velasco y Orrego se han manifestado en contra, que Bachelet no se ha pronunciado, pero que él tiene una clara posición a favor (El Mercurio, 24 de abril).
Para decidir la convocatoria a la Asamblea, Gómez propone que se instale una “cuarta urna”, además de aquellas destinadas a recibir los votos para elegir Presidente, senadores y diputados en noviembre próximo.
¿Quiénes deben resolver legalmente sobre la instalación de la cuarta urna? Solo pueden hacerlo el Ejecutivo y el Congreso, del que Gómez dejará de formar parte en marzo del próximo año. Suponiendo que la cuarta urna se instale y que arroje un resultado favorable a la elección de la Asamblea, se necesitará una ley que especifique las atribuciones de ella, su modalidad de funcionamiento y, cómo no, el reglamento para elegir a sus miembros. Todo ello exige que se pronuncien el gobierno y el Parlamento.
Aunque un cierto estilo de hacer política se conforma con las proclamas, estamos obligados a pensar en los detalles.
¿La asamblea se elegiría en 2014, condicionando absolutamente la agenda del próximo gobierno?
¿Sus miembros se elegirían en una lista nacional o como representantes de los actuales distritos?
¿Mediante el sistema binominal u otro sistema? ¿Cuánto tiempo funcionaría la asamblea?
Si seguimos adelante con la ficción, hay que ponerse en el escenario de que, en determinado momento, Chile pudiera tener dos parlamentos, salvo que el Congreso Nacional entre en receso mientras funciona la asamblea. Y puesto que se trata de redactar una nueva Constitución, podría ocurrir que la asamblea acordara modificar la composición y las facultades del Congreso, frente a lo cual no sabemos cómo reaccionarían los senadores y diputados que elegiremos a fin de año.
La necesidad de contar con una Constitución que satisfaga plenamente las exigencias de una democracia moderna es hoy compartida por la mayoría de los chilenos.
Tenemos que asegurar que el cambio constitucional se realice de un modo que no afecte la estabilidad y la gobernabilidad. Ello implica crear un ambiente que evite la polarización.
Así las cosas, ¿por qué no asignar esa tarea al Congreso Nacional, en circunstancias de que todos los diputados y la mitad de los senadores serán elegidos en noviembre?
El Congreso es el lugar apropiado para acordar un nuevo texto constitucional. No existe la posibilidad de que un bloque le imponga su criterio al otro bloque. Y si se aprueba un nuevo texto, corresponderá que sea refrendado por el conjunto de los ciudadanos en un plebiscito.
No sirve hacer un alegato universalista sobre el valor de las asambleas constituyentes. Es preferible precisar qué se quiere conseguir con ella en las actuales condiciones de Chile.
Como se sabe, ha habido varias experiencias de Asamblea Constituyente en América Latina en las últimas décadas. Las más recientes han sido las de Argentina en 1993, Venezuela en 1999, Bolivia en 2006 y Ecuador en 2010, pero ellas sólo pueden servir de referencia.
Respecto de sus resultados, en varios casos han sido deplorables, pues abonaron el terreno para el autoritarismo y el populismo, como lo demuestran las artimañas usadas por algunos gobernantes para adaptar la Constitución a sus intereses personales, en primer lugar el deseo de mantenerse en el poder.
En Chile, la Asamblea Constituyente no pasa de ser un eslogan con apariencia de fórmula avanzada, que quizás les suena bien a los grupos que se imaginan una especie de “asamblea popular” que inicie la revolución.
El país no debe dejarse atrapar por un espejismo que lo distraiga del objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo constitucional. Ello está unido a la necesidad de cambiar el sistema binominal, que no forma parte de la Constitución pero constituye el mayor obstáculo para cualquier reforma política.
En suma, necesitamos definir un camino viable de progreso institucional para Chile, que permita tener una democracia más vigorosa, elevar la calidad de la política, proteger mejor el interés colectivo, alentar la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el futuro.