El dominio del cálculo económico en la vida pública ha tenido como resultado una subordinación disconforme y potencialmente explosiva en las personas. El culto por el dinero y la privatización extrema de bienes públicos fue denunciado con fuerza en las calles por los estudiantes el año 2011.
En el mundo neoliberal lo único que vincula al ciudadano con el Estado es la autoridad y la obediencia. Lo público es un espacio democrático que solo se corresponde con el cumplimiento de la ley. La fuerza del dinero nos ha convertido a la mayoría en consumidores económicos y políticos.
La concentración de la riqueza a niveles inéditos en el país fue posible porque el Estado de Chile -durante la dictadura militar- se fue desmontando, casi en secreto, para beneficio de un puñado de empresarios y accionistas vinculados al régimen.
Visto en perspectiva, la privatización fue una pérdida para el Estado democrático –entendido como la suma de todos los chilenos con derecho a voto- de la mayor parte de sus activos históricos, a lo que habría que sumar las comisiones de los bancos por unos oscuros procedimientos.
Se puede inferir que el proceso privatizador chileno está en la base de la distribución regresiva de la riqueza nacional. Tampoco fue posible un debate sobre la racionalidad de la privatización durante la Concertación. Nunca se consideró lo dicho por Judt: “La única razón para que los inversores privados estén dispuestos a adquirir bienes públicos que en apariencia son ineficientes, es que el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo”.
Hasta Keynes pensaba que el capitalismo no sobreviviría si solo se limitaba a proporcionar a los ricos los medios para hacerse más ricos. Al término del gobierno de Piñera habrán pasado casi 30 años de crecimiento “ciego” que habrán ahondado las desigualdades en el país. Por esto, la prioridad ahora es reducir la desigualdad, y este es el punto de partida de la auténtica auto-crítica progresista.
¿Qué estamos haciendo por esto? La educación es un buen comienzo, pero no es suficiente. Los antiguos creían que una sociedad justa es aquella en que se practica habitualmente la justicia. Los nuevos han agregado que una sociedad democrática es aquella en que los ciudadanos participan de los asuntos públicos y fijan las reglas de las acciones de los políticos.
El Estado es ante todo una cuestión de territorio, un lugar donde viven y se organizan los chilenos en forma autónoma y soberana. Aunque experimentemos la globalización en los productos, internet o los viajes, la política es una función del espacio territorial.
El Estado democrático territorial es el único que responde a los ciudadanos. En su interior, la libertad consiste en mantener el derecho al desacuerdo sin temor a represalias. En su exterior, los Estados viven una era mundial de inseguridad: económica, física y política.
La inseguridad engendra miedo al cambio, a los extraños y a un mundo ajeno. Lo único peor que demasiado gobierno, es muy poco. La demostración son los llamados Estados fallidos, como Haití o Somalia. En el actual desarrollo de la globalización es probable que el Estado territorial acreciente su importancia política.
En todos los rincones del mundo, las personas votan donde viven y sus líderes tienen legitimidad y autoridad en el lugar donde fueron elegidos.Ante todo, los países de verdad son una comunidad política. En consecuencia, no importa lo rico que sea un país, sino lo desigual que sea. La gran diferencia que existe entre el ciudadano rico y uno pobre deslegitima la propia democracia, que es lo que ha estado pasando en Chile, por ello se requiere un cambio de paradigma.
En el debate de ideas, la tradición socialista constantemente ha destacado el valor de la fraternidad, los propósitos comunes y la conciencia de nuestra dependencia mutua. En base a esos valores piden redefinir los criterios que se emplean para valorar los costos de todo tipo: sociales, ambientales, humanos, estéticos y culturales junto al económico.
Buscan tener un desarrollo sustentable determinado por la cultura nacional, que se construye en forma participativa, sobre la base de instituciones democráticas, inclusivas y pluralistas.
Las democracias actuales aspiran a ser sociedades plurales y abiertas que se enfrentan al dilema de la libertad y la seguridad. Es un dilema que solo el Estado puede resolver como un todo. Un Estado que surge como resultado de un consenso social, es condición necesaria para otorgar libertad y seguridad a sus ciudadanos en forma perdurable.
En Chile la elección no es entre Estado y Mercado, sino entre dos tipos de Estados. Uno pequeño y oligárquico, de carácter policial, impuesto en forma ilegítima, gobernado por la ideología neoliberal o uno más sólido e inclusivo, de inspiración igualitaria, de carácter democrático, legitimado en plebiscito nacional y con participación real de asociaciones ciudadanas, sindicatos y regiones.
Lo que se propone es simple: la creación de instituciones políticas y económicas más igualitarias que se correspondan -aunque sea en parte- con los mejores sermones que nos arrojan los políticos sobre el valor de la democracia.