Una de los principios básicos de la comunicación de las ideologías totalitarias, como la que profesa la UDI, indica que mentir reiteradamente trae aparejados réditos políticos debido a que contribuye a generar, en el imaginario colectivo, una realidad inexistente.
En este contexto, el jueves recién pasado, la bancada de diputados de la UDI difundió un comunicado de prensa en el cual se afirmaba que ese día, a las 7 de la mañana, se había producido, frente al municipio de Recoleta una protesta en contra del alcalde por la decisión de dar por terminado el programa de seguridad ciudadana instalado y mantenido por los gobiernos de la UDI en nuestra comuna, por espacio de 12 años.
En el comunicado aludido se afirmaba que esta medida «deja a muchos sectores de nuestra comuna desprotegidos» y plantea que la administración comunal que me toca dirigir «no tiene interés en resguardar la seguridad pública, ni le interesa el combate al microtráfico y no busca prevenir la delincuencia».
Respecto de lo anterior cabe aclarar algunas cosas que la UDI omite o falsea para proyectar una imagen que nada tiene que ver con la realidad comunal.
Respecto de las falsedades que se leen en el documento, la más importante guarda relación con el hecho de que frente al municipio no ha habido jamás una manifestación y que si esta fue organizada por la diputada Nogueira o por la concejala Cabrera, resultó en un rotundo fracaso que solo viene a confirmar el cansancio que las y los recoletanos sentimos hacia la forma de hacer política y de gestionar nuestra comuna por parte de la UDI.
Lo anterior se vio agravado por la falta de responsabilidad y ética profesional de una agencia de noticias y de varios medios de comunicación que reprodujeron la noticia sin chequear la información ni citar la fuente del comunicado de la UDI, a pesar de que ninguno envió periodistas para cubrir la supuesta protesta.
Luego, la diputada Nogueira, de la UDI, falta a la verdad al afirmar que a la actual administración no le interesa la seguridad pública ni el combate al microtráfico.
El tema central es que nuestra administración no comparte el marco teórico desde el cual la UDI analiza la seguridad ciudadana y mucho menos compartimos las políticas y los planes que de ella emanan y que han demostrado ser, al menos en nuestra comuna y en el país, un completo fracaso.
De hecho nuestra política nace del concepto de la seguridad y la convivencia comunitaria y considera las variables de participación temprana y vinculante en la que se defina, con todos los actores involucrados, una estrategia territorial diferenciada de seguridad de acuerdo a la realidad de cada barrio (residencial, precarizado, mixto, comercial, etc.).
Esto implica un enfoque generado desde y con los vecinos y no un esquema armado por la autoridad que se intenta disfrazar con nombres «ciudadanos» que le quedan grande a cualquier enfoque basado en dichas concepciones.
Partimos de la convicción acerca de la necesidad de movilizar a la comunidad para generar cohesión, cariño y respeto -mediante la organización y el consenso acerca de las problemáticas y sus posibles soluciones- de manera de comprometer e identificar a todos y todas con la política en cuestión.
Esta reorientación o Plan de Seguridad Comunitaria, plantea en su estrategia una serie de acciones concretas para nuestra comunidad entre las que destacan la apertura de establecimientos educacionales a la comunidad con un mejoramiento de la infraestructura, habilitación de infocentros, capacitación y talleres, entre otros.
Por otra parte se plantea la recuperación de espacios públicos (plazas, canchas y sedes sociales); la implementación de mesas barriales en las que todas las organizaciones sociales del barrio puedan priorizar la necesidad real de cada sector en materia de seguridad y el establecimiento de un sistema de mediación vecinal para que la comunidad pueda resolver sus propios conflictos y se responsabilice por ellos.
Para terminar es importante aportar algunos datos que el comunicado de la UDI omite y que son fundamentales para entender el cambio de enfoque:
1. Las personas que conducen automóviles «de seguridad» no tienen atribuciones legales para interrogar, detener, retener ni trasladar a nadie y solo pueden llamar a Carabineros que es, en definitiva, la única institución responsable de la seguridad ciudadana en el espacio público, en el marco jurídico existente en nuestro país.
2. El Programa de Seguridad Ciudadana, en cuanto los automóviles de seguridad ciudadana se refiere, tuvo un costo cercano a los 450 millones de pesos anuales, durante 12 años.
3. Del promedio de 150 llamadas mensuales a la central telefónica que hace de intermediario entre los vehículos y la comunidad (4 diarias), solo el 2,2% guardó relación con temas de seguridad ciudadana.
4. A pesar del gasto realizado que asciende a más de 5.000 millones de pesos en 12 años, la cantidad de delitos de mayor connotación social, en Recoleta, ha ido subiendo de manera sistemática y permanente y con tasas incluso superiores a las medias nacionales y regionales.
5. Existen numerosas denuncias sobre el mal uso de los vehículos que se empleaban en estas tareas y una magra evaluación, tanto de su eficacia en la prevención del delito como de la eficiencia de los recursos utilizados debido a los resultados mencionados.
A partir de lo anterior, se puede entender que ninguna administración comunal está obligada a mantener los fracasados programas de los gobiernos que los anteceden y al mismo tiempo podemos deducir que las acciones de la diputada Nogueira y de la concejala del mismo partido María Inés Cabrera, únicas personas presentes en la supuesta «protesta» del día 17 de enero, distan mucho de estar basadas en una verdadera preocupación por la seguridad de las y los recoletanos.