La Encuesta Auditoría de la Democracia , realizada por el PNUD y diversos Centros de Estudios, adquiere una gran importancia entre otros factores porque se realiza entre una elección municipal, donde se abstuvo el 60% del electorado, y una elección presidencial y parlamentaria que presenta una alta incertidumbre sobre si esa abstención, la mayor de la historia de Chile, se reducirá y cuántos de los inscritos automáticamente votarán en estas elecciones.
Pero hay otro dato relevante. En la Encuesta participan centros de estudio que van desde Chile XXI, CIEPLAN, ProyectAmérica a la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad y Desarrollo, es decir, el conjunto de las fuerzas políticas, del empresariado y de los académicos que se ocupan de estos estudios.Tenemos datos comunes, aceptados por todos como fidedignos y confiables, que nos permiten reflexionar con el mismo padrón y debieran llevar a conclusiones semejantes sobre la crisis de credibilidad de las instituciones y la urgencia de cambios políticos que el estudio revela.
La Encuesta muestra, en primer lugar, un alto grado de adscripción al sistema democrático en tanto tal. La democracia le parece al 64% de los chilenos como preferible a cualquier otra forma de gobierno y solo el 15% estima que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Es decir, los nostálgicos del pasado autoritario se han restringido y ha aumentado la valoración de la democracia como sistema.
La dificultad se inicia cuando se le pregunta al encuestado que tan bien o tan mal funciona la democracia. La respuesta es concluyente: solo el 18% estima que funciona bien o muy bien, contra un 20% que estima que funciona mal o muy mal y un mayoritario 57% que estima que la democracia funciona regular en nuestro país.
Aumentan aquellos que no se identifican con un partido político que el 2010 eran el 57% hoy suben al 62% y entregan indicaciones que los partidos no debieran desoír: el 61% estima que los candidatos a parlamentarios debieran ser elegidos en primarias, el 72% estima que vota si puede influir en lo que pase en el país y el 61% estima que en las próximas presidenciales debieran poder votar todos los chilenos incluidos quienes viven fuera del país.
Es decir, son respuestas que levantan condiciones al sistema político todas las cuales tienen que ver con más democracia, más participación, exigencias de que los parlamentarios representen más los intereses del país que el de los partidos.
Un dato que aparece en la encuesta y que revela el nivel de la oligarquización del poder en las regiones y la urgencia de una radical política que termine con el centralismo, se expresa cuando se le pregunta a los encuestados el grado de conocimiento que tiene de sus autoridades locales.
Mientras el Alcalde, electo democráticamente, es conocido por el 87% de las personas, el Intendente de la región lo conoce solo el 21% y al gobernador el 18%. Autoridades ignoradas que no tienen legitimidad porque no tienen un origen democrático aunque sí legal y que aún cuando representan al Presidente de la República no pueden construir liderazgo en las regiones porque muchos son totalmente desconocidas por la ciudadanía.
Todo ello, revela que la próxima elección presidencial debe ser un verdadero plebiscito sobre las reformas políticas. Hay que llamar a la población a no votar por aquellos candidatos a la presidencia y al parlamento que no se comprometan a cambiar la Constitución y el sistema electoral binominal.
Rechazar a quienes no apoyen la elección directa de los intendentes, los plebiscitos vinculantes, la iniciativa popular de ley, el financiamiento público de la política y la total transparencia respecto de los aportes privados que hoy, por ley, permanecen, en montos y nombres de donantes, en el más absoluto secretismo, creando el riesgo de que nuestras autoridades, que reciben estas donaciones para sus campañas, puedan posteriormente ser condicionados por el lobby, los conflictos de interés o incluso sutilmente presionados por las empresas que han puesto la plata.
Es cierto que en los 20 años de los gobiernos de la Concertación hubo cambios graduales para desmontar la institucionalidad dictatorial.También es verdad que sobre la mayoría de estos temas hubo proyectos de reforma constitucional y de ley la mayoría de los cuales fueron rechazados por la derecha.
El error fue tratar estos temas sin el convencimiento de que la democracia requería una nueva Constitución, que no bastaba con eliminar a los Senadores designados, el Consejo Nacional de Seguridad y nominar a los Comandantes en Jefe de las FFAA para que se produjera un cambio de carácter del sistema político construido sobre la base de la ilegitimidad de una Constitución autoritaria.
No se buscó generar ciudadanía en torno a estos cambios políticos que terminaban debatiéndose en el Congreso de manera aislada, casi burocráticamente, permitiéndole a la derecha que preservara la esencia institucional de la dictadura sin pagar ni siquiera demasiado costos políticos.
Tal como en el plano del modelo económico, el progresismo, no solo el chileno sino que toda la izquierda mundial después el agotamiento de la sociedad de bienestar, se dedicó a corregir los excesos del modelo pero no a transformarlo radicalmente, ello también ocurrió en Chile con el sistema político y solo la primavera democrática del 2011, que puso nuevamente a la ciudadanía en las calles como protagonista, ha puesto como objetivo impostergable otra Constitución y otro sistema político que supere los vicios del actual que la ciudadanía reprueba en la Encuesta de la Auditoría a la Democracia.
Lo fundamental no es si la Constitución se modifica en una Asamblea Constituyente o en el Congreso. Nadie puede demonizar la idea de una Asamblea Constituyente que requiere ser aprobada a partir de una reforma constitucional.
En muchos países del mundo, después de las dictaduras, ha habido Asambleas Constituyentes. Sin embargo, tampoco ello es un paradigma. Lo de fondo es cambiar la Constitución y que ello se haga en el Congreso , a través de un plebiscito o en una eventual Asamblea Constituyente, es un tema de forma en la medida que la nueva Constitución surja de la presión, del debate, de la participación, de esta nueva ciudadanía que en la Encuesta dice que condiciona su voto a que este cuente en las decisiones del país.
Si logramos dar a la contienda presidencial el carácter de plebiscito sobre los cambios políticos, como sobre la construcción de una sociedad más igualitaria, si logramos que el voto sea para instalar un parlamento para que Michelle Bachelet pueda llevar a cabo estos y otros cambios progresistas, entonces la centroizquierda e incluso sectores que van más allá de ella, lograremos crear una nueva mayoría que aísle a la derecha que ha mantenido en pie en estos 25 años la institucionalidad pensada e impuesta por el pinochetismo.
Hay que volver a decir NO y derrotar al SI que perdiendo en el plebiscito dejó, sin embargo, a Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejercito y su Constitución, que en el texto y en el espíritu, ha sido un límite hasta ahora infranqueable para el desarrollo de la democracia chilena.
A 40 años del golpe militar, ha llegado la hora de que los chilenos nos demos una Constitución democrática y consolidemos un futuro sin las amarras del pasado.