La causa de la paz y de la justicia en una sociedad puede verse tronchada cuando las personas, grupos o comunidades de diversa índole se enfrentan unos a otros mediante los caminos de la violencia. La muerte de dos personas en Vilcún, que se suma a las de otras 11 víctimas que han afectado a comunidades mapuches en estos años, ha elevado las tensiones en la Araucanía a niveles mayores. El solo énfasis en medidas policiales y el despliegue de enormes recursos para encontrar finalmente la verdad, es insuficiente si se omite esclarecer ante el país cuál es la voluntad política real del Gobierno ante los Pueblos Indígenas de Chile.
En ese sentido, el accionar de La Moneda ha sido intensamente policial pero políticamente limitado y errático. De pronto, da la impresión que el Palacio Presidencial, que debería ser centro y sujeto de construcción política, se convierte sólo en un centro de bandos y órdenes.
Es de responsabilidad del Gobierno adoptar las medidas necesarias y legalmente adecuadas para dar con la verdad de los hechos. Pero una agenda policial no es suficiente. Esto se entendió en parte, luego de dos días de tensiones, y los anuncios siguieron siendo principalmente medidas de fuerza institucional.
Luego de ser reiterada por tercera vez la agenda policial, el Ministro Lavín esbozó un limitado plan de dos ejes: 1.- plena integración de los mapuches al desarrollo económico y social y 2.- pleno respeto a su cultura.
Y luego enumeró algunos datos para complementar estas ideas: 50.000 empleos, acceso a créditos en Indap; el plan de 100 alianzas productivas que cubren 18.000 hás; 4.500 familias con proyectos de emprendimiento; bono de trabajo para la mujer; 20.000 niños estudiando mapudungun; 300 escuelas con programas interculturales; 77 mil indígenas con becas de estudio y respaldo institucional a proyectos de medicina indígena, entre los principales anuncios.
Pero estos no son anuncios. En realidad, son antecedentes que forman parte de políticas públicas que están en desarrollo y son parte de las políticas de subsidio del Estado hacia los pueblos indígenas.
Pero lo que se demanda es otra cosa ahora: ¿cuándo se va a implementar el Convenio 169 más allá del tema de la consulta?
¿Cuántos recursos reales va a invertir el Gobierno en lo queda de su plazo para responder a las demandas de compras de tierra que fueron listadas en enero del 2010?
¿Tiene interés el Ejecutivo en promover realmente el Reconocimiento Constitucional de nuestros Pueblos y con ello sus derechos colectivos?
¿Quiere abrir, de verdad, un diálogo político nacional con nuestros Pueblos Indígenas?
Nada de eso se señala por parte de las autoridades. Por el contrario, es notable (y preocupante) que el discurso gubernamental, que ante la magnitud de la crisis debiera ser prudente y mesurado, junto con ser claro en la investigación efectiva de los hechos, está más bien provisto de un componente bélico y autoritario, cuyo efecto no es –precisamente- de concordia y voluntad política.
Por diversos caminos autoridades y organizaciones del Pueblo Mapuche han emitido su opinión y han reiterado su voluntad de caminos políticos. El problema no está en el Pueblo Mapuche, independientemente de quienes hagan un uso inadecuado de su causa. El problema está en el Estado.
Y si el Gobierno cree que con las medidas anunciadas se producirá un clima de paz, yerra el camino si omite voluntad política efectiva. En ese caso, es La Moneda a quien hay que pacificar.