La crisis del sistema de acreditación y el affaire Universidad del Mar han sido, la gota que rebalsó el vaso. Un vaso que ya estaba demasiado lleno y donde las denuncias suman y siguen en un espiral que ha generado profunda incertidumbre y preocupación en la opinión pública.
El tema llegó, sin duda, a un punto de quiebre donde ya no hay retorno y donde el único camino posible es la reforma integral y estructural, no las medidas parche ni los power point que ofrece el Gobierno.
No es un tema menor o una situación que se arregle con un simple maquillaje. Y si bien el Ejecutivo parece haber descubierto que debe regular a las 250 instituciones de educación superior, esto no puede ocurrir con reformas simples, sin dientes fiscalizadores y con superintendencias de papel, sin sancionar el lucro en las Universidades.
Hay un millón de alumnos que en la Educación Superior esperan que el Estado garantice seriedad, calidad y pertinencia de los títulos y grados.Y no es mucho pedir, es a todas luces lo que corresponde.
Como Oposición y como DC queremos una Reforma de verdad, que incluya los diversos problemas que aquejan a este sistema colapsado.
Esta nueva institucionalidad debe ser una reforma amplia que aborde de manera simultánea y sistémica, aspectos tales como generar un marco regulatorio; diseñar e implementar una nueva institucionalidad; mejorar los sistemas de financiamiento y, perfeccionar el sistema de aseguramiento de la calidad, prohibiendo el lucro sin bemoles y con una fiscalización dotada de todos los recursos necesarios.
Lo del Marco Regulatorio es fundamental pero, que consagre un marco general de los principios, fines, deberes del Estado, derechos y obligaciones de los actores del proceso educativo, y las disposiciones generales sobre los tipos y modalidades del sistema de educación superior, instaurando exigencias reales que cautelen la fe pública de las instituciones que operan en el sistema.
Especial regulación debe existir, también, en el cumplimiento de la prohibición de lucro, respecto de la cual se debe avanzar a que sea aplicable a todas las instituciones de educación superior que accedan a fondos públicos, por vía directa o indirecta a través de beneficios a sus alumnos.
Adicionalmente, se debe establecer una normativa adecuada para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición.
Para ello, a lo menos, se debe fiscalizar que todos los actos a título oneroso que efectúen las instituciones se realicen a precios de mercado, a fin de evitar que por la vía de la triangulación a través de personas no relacionadas se valide el lucro encubierto.
En fin, no cabe duda que la crisis tocó fondo, pero el compromiso adquiere mayor fuerza y convicción. Nunca la educación debió ser analizada y proyectada como un producto más en el mercado.
El rol de los estudiantes y de las manifestaciones fue clave, sin duda, pero hoy la tarea es construir un nuevo marco legal donde la palabra fiscalizar tenga real expresión. Ya no hay punto de retorno, afortunadamente, pero tampoco hay tiempo ni plazos para seguir esperando.