Uno de los elementos que ha develado la crisis en la educación superior, que ya casi nadie niega, salvo el ministro del ramo, es que entender esta actividad como “un bien de consumo”, según la filosofía del Presidente Piñera, no resiste mayor análisis.
La provisión de educación pública, en todos los niveles del sistema es una obligación ineludible del estado, en cuanto representante del bien común y, a partir de la idea de que la educación es un derecho de todos los ciudadanos.
Ello, sin embargo, requiere de un estado activo y no subsidiario. Es decir, independientemente de la manera en que esa obligación se ejerza y la participación de privados es una de ellas, como en todas las cosas, la autoridad puede ser delegada, pero la responsabilidad es por esencia, indelegable.
Esa es una discusión que el ministro de Educación, el gobierno y los partidarios de la derecha gobernante quieren eludir. Por ello se niegan a legislar a favor de la intervención de los planteles de educación superior, cuando estos no han sido capaces de ejercer su rol, de acuerdo a la legislación vigente.
Es curioso, pues la intervención de empresas productivas está regulada en nuestra legislación, como una manera de no afectar “el funcionamiento de la economía”, al considerar que ello es un “bien social” que debe ser preservado.
Sin embargo, nuestra derecha criolla no está disponible para aplicar el mismo criterio en el caso de la educación y así preservar la posibilidad que miles de estudiantes y sus familias, afectados por la delictual administración de planteles universitarios queden en una situación de vulnerabilidad de la que no pueden escapar por sus propios medios.
Claro, esa es la manera en que se hace prescindible al Estado de una responsabilidad que no debiera eludir.
La certeza de que el sistema de educación superior funciona de modo regular, que respeta la legislación pertinente y que es evaluado y fiscalizado, de modo de dar confianza a sus usuarios de que pueden invertir tiempo, recursos y sobre todo sueños, está garantizado por un estado responsable, que vela por los derechos de todos.
Ello no ocurre en el Chile de hoy y, pese a lo contundente de la evidencia, el ministro de Educación pretende que puede seguir arrancando de sus responsabilidades y esconder la realidad hablando de “casos aislados” o “situaciones puntuales”, como si esa fraseología, carente de todo sentido, pudiera convencer a alguien en su sano juicio, o morigerar el drama de las familias de los jóvenes que hoy se sienten estafados por la codicia de algunos y la negligencia de otros.
Este es el marco en que, desgraciadamente, decenas de miles de jóvenes postularán a las universidades del país. En una situación de la mayor incerteza, avalada por un gobierno que, en representación del estado, actúa con la máxima irresponsabilidad.
La discusión entonces está planteada. Como en muchas otras áreas será entre quienes creen que todo lo regula el mercado y quienes pensamos que el Estado no puede ser prescindente cuando se trata de derechos básicos de la mayoría, como es el acceso a la educación y, en mi opinión, gratuita y de calidad.
Ya sabemos la respuesta del gobierno y la derecha; esto es “un asunto entre privados”, sin querer aceptar que la asincronía entre los actores (por un lado grandes consorcios que administran planteles universitarios y jóvenes que buscan su destino de manera individual) no puede seguir siendo aceptada.
La discusión acerca de la manera en que se debe reorganizar la Comisión Nacional de Acreditación, la discusión pendiente acerca de la Superintendencia de Educación Superior, que el gobierno quiere convertir en la instancia blanqueadora del negocio privado, o las nuevas normas que se deberán generar a partir de la constatación de la debilidad jurídica en que funcionó el sistema de educación superior, no podrá dejar de lado la responsabilidad del estado, que hasta aquí no se quiere asumir.
¿Más o menos Estado en la educación superior? La discusión está planteada.