Destemplada, grosera y llena de falacias fue la reacción de los ministros Felipe Larraín, Harald Bayer, Jaime Mañalich y Evelyn Matthei frente a la votación de la oposición en la Cámara de Diputados respecto al Presupuesto 2013 presentado por el Ejecutivo. Se trató, claramente de una ofensiva política y mediática frente a un tema tan trascendental como lo es el financiamiento público y de distintas carteras.
Fueron ellos los que optaron por un tono político beligerante que incluyó insultos y adjetivos que no son propios de personeros de Gobierno, en vez de explicar a la ciudadanía cuáles son las diferencias que existen respecto al Presupuesto.
La que destacó en esto fue Matthei, quien declaró que no hubo argumentos, que se trató de algo “asqueroso”, que fue una actitud irracional de los diputados de la oposición y sacó al baile hasta a la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La verdad es que los desproporcionados adjetivos y descalificaciones de la ministra del Trabajo en contra de la labor y la posición de las y los diputados, recuerda épocas donde no se quería que existiera el Parlamento y mucho menos el debate parlamentario y un grupo de generales y almirantes constituían un grotesco “poder legislativo” sumiso al “poder ejecutivo” representado en un dictador.
De manera precisa hay cuatro cuestiones fundamentales que decir sobre este tema, para que la ciudadanía pueda estar bien informada y reflexionar con elementos a la mano y no en base a tácticas mediáticas estridentes de un grupo de ministros.
Lo primero es que el Gobierno, a través de sus ministros, levantó la tesis del supuesto obstruccionismo de la oposición e instaló, erróneamente, la idea de que una discusión seria y fluida del Presupuesto significaba aceptar todo lo que el oficialismo llevara a la Cámara de Diputados.
A partir de ello, los diputados enfrentamos una actitud tozuda y cerrada de las autoridades que se negaron a dialogar y negociar el proyecto y las indicaciones; debido quizá a que conocen la fuerza del movimiento estudiantil, accedieron a mejorar parcialmente cuestiones en la partida de Educación. La mejor prueba de esto la dio la ministra del Trabajo al señalar que “yo no tengo nada que negociar” frente a la contrapropuesta opositora.
Lo segundo es que los ministros cayeron en la falacia de afirmar que la oposición dejó sin recursos a las carteras de Educación, Trabajo y Salud, cuando lo que realmente ocurrió es que la mayoría de los parlamentarios (sumados los independientes) incluimos aumento de presupuestos en las partidas de esos sectores y rechazamos las cifras bajas presentadas por el Gobierno.
Un ejemplo, del presupuesto para el ministerio del Trabajo, sólo el uno por ciento iba a la Dirección del Trabajo, algo insuficiente para realizar la fiscalización de los abusos e irregularidades que se cometen con los trabajadores en el país. Nosotros creemos que se debe aumentar ese presupuesto. También sostenemos que debe destinarse un mayor porcentaje de los dineros fiscales a fortalecer la Salud Pública.
Lo tercero constituye otra falacia y tergiversación de los ministros ante la opinión pública, porque nunca el país ni los ministerios quedarán sin presupuesto, ya que el Ejecutivo tiene derecho a veto y al final los dineros estarán.
La gente debe saber, por lo demás, que de acuerdo a la Constitución (heredada de la dictadura), el Congreso no puede aumentar los presupuestos ni proponer otros, sólo rechazarlos o bajarlos, lo cual constituye una falencia del tamaño del mundo.
Así las cosas, desgraciadamente los diputados no podemos aumentar los presupuestos y entonces nos vemos en la obligación de usar el rechazo como una manera de que el Ejecutivo reaccione y destine más recursos, algo que, hasta ahora, el Presidente Sebastián Piñera se niega a hacer. Así que el último responsable de la plata que tendrán los ministerios y de los bajos presupuestos en Educación, Salud y Trabajo será el Presidente Piñera.
El cuarto elemento tiene que ver con sincerar la realidad del Presupuesto de la Nación.
Quien lo revise sector por sector, podrá comprobar que no ayuda al desarrollo social del país ni a satisfacer las necesidades y demandas de amplios sectores de la población para tener una educación y salud gratuita y de calidad, para contar con viviendas sociales dignas y elevar el ingreso de los pensionados.
Este Gobierno se negó al aumento sustantivo del salario mínimo y ahora quiere dar migajas a los trabajadores y funcionarios del Sector Público. Este Gobierno tiene un déficit en fiscalización laboral y de seguridad laboral porque asigna bajos recursos a este ámbito.
Una mala reforma tributaria, un negativo royalty minero y una escuálida regulación del Estado, impiden que haya mayor y mejor presupuesto para áreas fundamentales para la satisfacción de las necesidades de la población.
El tema de fondo y realmente serio no son las bravatas mediáticas de ministros y ministras, sino cómo avanzamos realmente en un Presupuesto de la Nación que responda a las exigencias y necesidades de la inmensa mayoría de chilenas y de chilenos.
En eso debe estar el esfuerzo y dedicación de los parlamentarios.