Probablemente lo que mas ha afectado la credibilidad de la política, entre los ciudadanos y particularmente entre los jóvenes, tiene que ver con la percepción que, demasiadas veces, lo que dicen las autoridades no se condice con lo que sucede en la realidad.
En el último tiempo parece que eso se ha hecho más recurrente.
Dos casos reflejan lo afirmado: por una parte los datos entregados por el gobierno en torno a la encuesta CASEN y, por la otra, el informe de la Contraloría respecto a las listas AUGE.
La primera situación es de extrema gravedad, pues pone en cuestión la tradición del país de contar con estadísticas sociales validadas por todos, independientemente de los gobiernos. Incluso ello ha sido siempre señalado como un activo del país en el concierto internacional.
La negativa del gobierno a liberar las bases de datos con que se construyeron las conclusiones de la encuesta y la no desmentida aplicación de dos encuestas, una antes y la otra después de otorgar un bono a las familias de más bajos ingresos, afectando el resultado de la toma de datos, pone en cuestión la credibilidad del instrumento, como ha sido señalado por toda la comunidad dedicada al tema.
Esto simplemente es un engaño a la fe pública, con un objetivo muy espurio y demasiado burdo. Hay que recordar que esta trampa se realiza en el período en que se aplicaba la encuesta CEP, verdadero oráculo nacional, que arrojó malos resultados para el gobierno, pese a este engaño.
El segundo caso dice relación con la patética actuación del ministro Mañalich, en presencia del Presidente Piñera, afirmando, con algo de tono circense, haber “cumplido” con el compromiso de terminar con las listas de espera del plan AUGE.
La Contraloría General de la República no tardó mucho en señalar que ello era falso y, en su empecinamiento comunicacional, el gobierno y sus partidarios apuntan entonces, como siempre, contra el cartero que trae las malas noticias, intentado desacreditar al órgano contralor, sin reparar en el daño que ello produce a toda la institucionalidad del país.
El peligro aquí radica en la predisposición de un gobierno que no repunta y empieza a actuar, como fiera herida, sin medir las consecuencias, que a esta altura no es de su propia credibilidad, difícilmente rebajable, sino de toda la institucionalidad, a la cual los ciudadanos le toman creciente distancia. Ello no es bueno para el país.
Sobretodo no es bueno porque pareciera ser parte de la compulsión de un gobierno debilitado. A los ejemplos dados se pueden agregar un gran conjunto de compromisos que solo fueron retórica; como la disposición de recursos a las regiones, de la misma magnitud que los asignados a la región metropolitana por el Transantiago; la duplicación de la subvención escolar o la modificación del sistema binominal.
Es relativamente aceptable que, en época de campañas, la excitación permita determinados excesos de promesas de difícil realización, Probablemente el extremo haya sido “el fin de la puerta giratoria” para “terminar la fiesta de la delincuencia”.
Hoy los ciudadanos castigan esa falacia señalando al tratamiento de la delincuencia como el principal problema mal abordado por el gobierno. Ello coincide con las cifras objetivas que señalan que la delincuencia ha aumentado y no al revés, en el actual gobierno, pese a los vanos intentos por señalar lo contrario.
Sin embargo, lo que no es aceptable, es que la autoridad, una vez constituida en gobierno de la Nación, crea que puede seguir actuando con promesas que sabe no podrá cumplir.
Aunque el Presidente haya tenido la soberbia de decir, a los 20 días de gobierno, que habían “hecho más que la Concertación en 20 años”
Ya sabemos, “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.