Una de las principales banderas de lucha del movimiento estudiantil ha sido terminar con el lucro con recursos públicos en la educación superior, o sea, evitar que los propietarios de los planteles obtengan ganancias usando en su provecho recursos fiscales que están destinados a apoyar y mejorar la calidad.
¿Es el lucro negativo o criticable? No, todo emprendedor tiene derecho a crear actividades comerciales lícitas por las que obtenga utilidades. El problema es cuando se lucra en actividades cuyo propósito y carácter es de otra naturaleza, como la educación.
Más aún si ello se realiza recibiendo recursos públicos, como es el caso de las subvenciones y aportes del Estado. Ellos se crearon no para beneficio de los dueños, sino para apoyar el esfuerzo de los privados en educación y, por tanto, debieran invertirse íntegramente en esos fines.
Por esto, el lucro en la educación superior está expresamente prohibido por la ley, pero se utilizan triquiñuelas legales para esconderlo. La más conocida es crear, en forma paralela a la universidad, instituto profesional o centro de formación técnica una sociedad inmobiliaria “espejo”, que arrienda los edificios en que funciona el centro educativo.
El plantel paga los arriendos, generalmente a un precio excesivo. Así los propietarios reciben, como arrendadores, las ganancias que no pueden retirar como gestores del plantel de educación superior. Ello quedó al descubierto claramente cuando el ex rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia, denunció que los dueños le presionaban para pagar los arriendos en detrimento de los docentes.
Esto se ha venido denunciando desde los años ’90 y, la verdad, nunca se controló adecuadamente, tanto por la escasa capacidad del Estado para hacerlo, como también porque, en esos años, el objetivo estaba puesto en aumentar la cantidad de jóvenes que pudieran incorporarse a la educación superior.
Sin embargo, la situación reventó. Y lo hizo porque ha quedado en evidencia que tanto los recursos que aportan los alumnos – y que han venido creciendo con el alza de los aranceles – como lo que el Estado entrega se desvían a los dueños y no a mejorar la calidad que, en algunos casos es muy mala.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó esta materia. Dentro de sus conclusiones se sostiene que muchas entidades privadas de educación superior lucran retirando por diversas vías los recursos que obtienen. El asunto, incluso, originó una investigación por parte del Ministerio Público.
Se necesita una fiscalización rigurosa y eficaz. La Superintendencia que se creó es una solución a medias. No tiene facultades ni personal suficiente para una tarea tan relevante.
Además, se requiere cambiar la ley, prohibiendo claramente estas sociedades “espejo” y fortaleciendo las sanciones.
Los recursos que Chile invierte para educación deben utilizarse totalmente en beneficio de sus niños y jóvenes. Esto es un imperativo ético.