Sigo sosteniendo que el Gobierno del Presidente Piñera no comprende cabalmente la problemática indígena y mantiene la concepción de que los problemas que se viven en la Araucanía, principalmente, derivan o tienen su raíz en situaciones de pobreza (que son reales) y de falta de oportunidades.
El Presidente ya lo dijo en su discurso presidencial del 2011: se trata de ”integrarlos”. Y el tema no va por ese camino. Es importante reiterar que esta sucesión de “cumbres” (una de seguridad y otra social y luego, probablemente otra “cultural”) lo que más trae es desesperanza.
La cumbre de seguridad afinó una estrategia represiva. La segunda, implicará ordenar y hacer ajustes financieros en diversos ministerios con el objeto de entregar subsidios focalizados a determinadas comunidades y acelerar algunas obras de infraestructura social. Todo eso es bienvenido, por cierto, pero no constituye una respuesta a las demandas de fondo.
¿Cómo debiera ser una “Cumbre Social” para abordar la problemática mapuche? Primero, digamos que históricamente entre los Pueblos Indígenas y el Estado han existido varios momentos “cumbres” entre 1989 y el 2010. En 1989, la fecha más importante fue el Pacto de Nueva Imperial.
En 1998 el Primer Congreso Nacional Mapuche en Temuco. En 1999 el “Diálogo Nacional”, impulsado en el Gobierno de Eduardo Frei, luego de la crisis provocada por la aprobación del proyecto Ralco.
En el 2000, al inicio del gobierno del Presidente Lagos, Mideplan convocó a un nuevo “Diálogo Nacional” que dio como resultado principal la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, probablemente el espacio más relevante en el debate entre indígenas y Estado durante dos años. El Informe final terminó reconociendo, entre otros temas, la Deuda Histórica del Estado con los Pueblos Indígenas y se formularon más de 100 iniciativas que debían ponerse en marcha.
En el 2006, en el primer año del Gobierno de la Presidenta Bachelet se realizó otro “Diálogo Nacional” que dio como resultado el Programa Re-Conocer, desde donde se dio un fuerte impulso a la aprobación del Convenio 169 de la OIT, cuya aprobación estaba pendiente desde 1990. La Presidenta, en junio del 2007 da un giro conceptual al problema indígena señalando que se trataba fundamentalmente de derechos integrales (sociales, políticos, económicos y culturales) que debían ser considerados en su conjunto.
Su mandato concluyó en marzo del 2010 pero previamente logró ingresar al Congreso Nacional dos importantes proyectos políticos: la creación del ministerio de Asuntos Indígenas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Ambos proyectos están congelados.
Además, la Presidenta dejó instalado el compromiso de Estado de completar la compra y transferencia de tierras para 60 de 115 comunidades indígenas cuyas demandas estaban pendientes y correspondía al Gobierno del Presidente Piñera cumplir ese compromiso.
El Presidente no compró las tierras comprometidas en el 2010. Hizo muy poco el 2011 y en lo que va del 2012 las metas son discretas. Se argumentó que el proceso de compra de tierras debía ser revisado y ajustado y así se ha dejado pasar dos años y medio sin cumplir las metas comprometidas por el Estado. ¿Tendrán razón, entonces, los mapuches del sur para estar indignados?
La principal violencia que se comete en la sociedad chilena en contra de los Pueblos Indígenas es desconocer los compromisos. Si el gobierno actual hubiese dado las respuestas pendientes a las comunidades de Ercilla, las tensiones en dicho territorio serían hoy mucho menores.
Declaró a la zona en conflicto como “Área de Desarrollo”, pero se mantiene como declaración teórica. Si el Presidente hubiese impulsado con fuerza la creación de una nueva institucionalidad, tal como fue propuesto en los proyectos ingresados al Congreso por la Presidenta Bachelet, estaríamos hoy en otro escenario.
Los caminos políticos no son los mismos que los caminos sociales. Se pueden resolver demandas de la vida cotidiana mediante políticas públicas (salud, educación vivienda, caminos, transporte), pero no son suficientes, del mismo modo como ahora, cuando la sociedad reclama una Nueva Constitución y cambios profundos en el sistema político por una demanda creciente de transparencia y participación. Este problema no se resuelve con subsidios más o menos. Así es de igual en el mundo indígena. Y esto no es suficientemente comprendido.
Una “Cumbre Social” de verdad, es un encuentro nacional del Gobierno con las Autoridades Ancestrales de nuestros Pueblos y sus principales organizaciones y voceros.
No es una reunión de encargados gubernamentales cuya tarea será hacer ajustes presupuestarios para aumentar los subsidios y focalizar algunas soluciones.
Eso es intentar tapar el sol con un dedo.