¿Cómo le puedo explicar a una pequeña contribuyente, dueña de un típico minimarket de barrio, que debe pagar una patente comercial anual de 87 mil pesos, mientras una gran cadena de supermercados paga por el mismo concepto apenas 679 pesos? Esta aberración ocurre en mi comuna, en Peñalolén, y de seguro en cada comuna de Chile.
La ley permite que grandes empresas, de reconocidos multimillonarios que figuran en los rankings de Fortune o Forbes, nos paguen chauchas por concepto de patentes, mientras que familias esforzadas, que dependen de los ingresos de sus pequeños negocios, deban pagar más de 100 veces lo que pagan los “peces grandes”.
Legal, pero injusto. Profundamente injusto. Grandes capitales y grupos económicos tienen todo el respaldo de la ley y del entramado tributario, para eludir y para hacer que su contribución al país sea lo mínimo exigible y las ganancias, lo máximo aceptable.
Apenas en dos semanas, 14 compatriotas que vivían en la calle han muerto de frío.
¡Y mientras tanto, hemos sabido que las ISAPRES arrojaron utilidades por $28.649 millones en el primer trimestre de este año: una rentabilidad de 7,1%!
¿Y quién se preocupa de la rentabilidad de esos que mueren en las veredas? Unos lucran con total legitimidad de la salud, mientras otros no pueden acceder a lo mínimo y tienen que ofrecer sus vidas para que el sistema siga siendo viable. Es sencillamente incomprensible.
Pero todo ocurre dentro de la legalidad vigente. Todo es legal, pero aberrantemente injusto. Mientras unos disfrutan de todas las bondades del sistema, de todas las garantías que ofrece nuestra estructura financiera y comercial, son muchos los que sufren los rigores de estar ubicados en la parte baja de la tabla.
Esa misma gente tiene que pagar precios exorbitantes por los remedios de marca, por el sencillo hecho de que la ley permitió a las farmacias tener en sus stocks apenas 6 remedios genéricos.
Todo legal, pero injusto hasta la indignación. Nadie está atacando el negocio de los laboratorios o de las farmacias, pero ¡por favor! tenemos que ser capaces de ofrecer alternativas a quienes menos tienen, porque es inaceptable que el SERNAC nos diga que las familias chilenas tienen que pagar hasta 2 mil veces el precio de una receta porque la ley faculta a las farmacias a no tener suficiente stock de remedios genéricos o bioequivalentes.
¿Qué nos está pasando? No me gusta un Chile que parece funcionar bajo la ley de la selva, donde el más fuerte prevalece sobre el más débil. Un multimillonario que invierte millones de dólares en una torre paga 600 pesos en patente comercial a una comuna pobre. Una mujer que mantiene a su familia con mucho esfuerzo debe reunir dinero que no tiene para evitar que le clausuren su negocio, y más encima, debe ver cómo los grandes grupos económicos exhiben ganancias soñadas.
¡Qué injusticia legal! La soberanía es un instrumento que sirve para corregir aquellas normas y leyes que son lesivas al sentido común y al concepto de solidaridad social.
Pero vemos cómo apenas 36 diputados le dicen a un país entero que sus votos de minoría son suficientes para impedir que se cambie el sistema binominal y hacer así más profunda la democracia. Otra vez lo mismo: es legal, está en la Constitución, pero es injusto.
Creo fervientemente que Chile quiere otro tipo de país.
Quiere uno donde la cancha sea más pareja y donde el más fuerte ayude a proteger y no a consolidar la ley de la selva.
La ley es ley porque en esencia es justa y virtuosa; de lo contrario, no sirve y sólo alimenta el resentimiento y la presión social. Cuando lo legal es legalmente injusto, se asoma una tiranía que se suma a las dictaduras de los promedios, de las encuestas y de la falta de alternativas.
Abuso económico, abuso político para perpetuarse en el Congreso a como dé lugar, abuso de los más grandes que son los menos, sobre los más chicos que son muchos.
La clave está en saber hasta dónde la gente está dispuesta a aceptar aquello que es abiertamente injusto. La solución es el cambio de verdad, no el de maquillaje que se nos ha ofrecido hasta el cansancio.