Los procesos de toma de decisión y asignación de recursos para las Fuerzas Armadas (FF.AA) han evolucionado de forma distinta al resto de los sectores del Estado, debido principalmente a la escasa coincidencia de los criterios y lógicas existentes en este sector en lo que dice relación con el lenguaje que alimenta el ciclo de sus políticas públicas (CPP).
Al menos parcialmente, lo anterior se explica por dos situaciones. Primero, la postergación quizás producto de los condicionamientos del proceso de transición a la democracia, donde se optó por relegar a los civiles a un lugar secundario en la toma de las decisiones relevantes de la Defensa Nacional. Segundo, debido a la existencia de un régimen de excepción para la asignación de los recursos del sector, gracias a la denominada Ley Reservada del Cobre, que asigna el 10% de las utilidades de Codelco a las FF.AA para la compra de material bélico.
Por ende, el desafío en Defensa es aún mayor que en otros sectores del Estado.
Como lo han mostrado episodios recientes y pasados, la postergación del mundo civil dentro del sector ha dado lugar a anomalías que han quedado en evidencia, por ejemplo, en compras de armas que no se han caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas necesaria que exige toda democracia en forma.
Al contrario, resulta ostensible que el Poder Legislativo también ha estado al margen de estos procesos. De esa forma, si bien hemos llegado a tener una fuerza militar superior a la de todos nuestros vecinos, no sabemos si ello obedece a una estrategia política o a compras aisladas de cada institución.
El proyecto que presentó el gobierno actual para derogar la ley del Cobre que fue aprobado en la Cámara de Diputados recientemente, busca terminar con este régimen de excepción en materia de financiamiento de compras de armamento, a efectos de incluir a la defensa en el CPP.
Con ese fin, a objeto de que las compras de las FF.AA estén orientadas a responder a las amenazas que afectan o pueden afectar nuestra seguridad y de contar con un presupuesto que constituya en sí una herramienta de disuasión, el proyecto en discusión establece la elaboración de una estrategia de seguridad y defensa, que oriente las decisiones del sector en el mediano plazo y consagra un mecanismo de financiamiento plurianual junto con un Fondo de contingencia estratégico.
Este proyecto en definitiva permitirá que las Fuerzas Armadas en general puedan realmente desarrollar políticas públicas más efectivas.
Un buen ejemplo de esto es la aproximación que Chile ha tenido con la Antártica.Con este proyecto se podrá invertir en políticas que logren un mucho mayor impacto no sólo en materias de defensa, sino también por ejemplo en la investigación y el desarrollo de dicha zona que es muy rica por su valor geopolítico y su gran biodiversidad. Esto en definitiva implica una aproximación al CPP de defensa que es mucho más intersectorial que antes, y por ende más beneficioso para el país.
En buena medida lo que está logrando el Ministro Andrés Allamand con este proyecto y política de Estado, al tomar la posta que le dejó el gobierno de Michelle Bachelet, es incluir adecuadamente la Defensa dentro del lenguaje integral del CPP, avanzando no sólo en el diseño (rol que tiene la Estrategia mencionada), implementación y evaluación de sus programas y políticas, sino que más importante aún, vinculando el mismo con un presupuesto estratégico plurianual.
Lograr avanzar en este sentido será recordado como un hito en dos sentidos; como la apertura de un sector postergado al proceso de modernización del Estado, y quizás más importante, como un momento clave de la consolidación de una democracia madura, propia de un país que se encamina al desarrollo.