Un debate sobre la misión y alcances del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, iniciado a través de una carta al diario El Mercurio y que ya se prolonga por más de una semana abarcando a diversos actores del mundo político y académico, medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales, además de las redes sociales, se encuentra en pleno curso.
Es bueno que un proyecto que cuenta con apoyo estatal en virtud del interés público de su quehacer sea debatido públicamente ya que permite reforzar el sentido de su misión y esclarecer aspectos de ella que pudieran estar insuficientemente explícitos para la opinión pública o para los actores institucionales que se relacionan con el Museo.
El Museo de la Memoria define su misión como la de dar a conocer las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura del general Pinochet. Dichas violaciones a los derechos humanos están acreditadas en sendos informes de las comisiones de Verdad y Reconciliación, Informe Rettig, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech.
Los referidos informes permitieron establecer públicamente una verdad que hasta entonces era sistemáticamente negada por las fuerzas armadas y por los partidarios civiles del régimen militar y dio paso a una serie de procesos –por cierto, lentos y dificultosos- de autocrítica, de apertura a la investigación judicial y establecimiento de sanciones y de reparación material y moral a las víctimas.
Lo relevante es que las instituciones interpeladas por dichos informes reaccionaron. Los tribunales de Justicia, tras años de negación y aplicación del decreto ley de amnistía, modificaron su jurisprudencia e hicieron valer los principios de justicia persiguiendo y encarcelando a decenas de perpetradores directos de los crímenes.
En la actualidad 773 agentes se encuentran procesados y condenados desde el año 2000, de ellos 66 cumplen penas de prisión efectiva, 528 esperan su sentencia definitiva y 179 fueron condenados sin haber sido encarcelados. Es cierto que los procesos no alcanzan a todos los responsables, pero esto es más de lo que muchas otras experiencias pueden mostrar.
Entre los actos más relevantes de retracción se encuentran las palabras del Comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre en 2003 cuando sostuvo:“Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo”.
La toma de conciencia de la sociedad chilena respecto de las graves violaciones a los derechos humanos no implica ni busca una adhesión a las ideas políticas o a la ideología de las víctimas. Lo que está en juego es una dimensión moral de nuestra convivencia: asumir que la dignidad humana es un valor absoluto, que ninguna circunstancia o contexto puede debilitar nuestras obligaciones en cuanto a su respeto.
La tarea del museo, en tal sentido no es historiográfica. Su propósito no es debatir acerca de las causas que condujeron a esas violaciones, ni contextualizarlas. La sugerencia que ha hecho la directora de la Dibam de exponer las diversas interpretaciones respecto de las causas del Golpe de Estado del 11 de septiembre importan una confusión: de la supuesta “necesidad” del golpe de estado no se coligue la necesidad de atropellar los derechos humanos durante 17 años.
El Museo de la memoria forma parte de una comunidad de instituciones de conciencia entre las que se encuentran memoriales y museos de todas las latitudes: desde el Museo del Gulag Perm-36 en las cercanías de Moscú hasta el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalem, pasando por el Museo del Apartheid en Johannesburgo, el Parque de la Memoria en Buenos Aires o la casa de Ana Frank en Amsterdam.
Su sentido común es relevar el valor de la dignidad humana, descartando las excusas ideológicas, racistas o religiosas para atropellarla.