Amnistía Internacional instó al parlamento a no aprobar el proyecto de ley de resguardo del orden público, más conocido como Ley Hinzpeter.
En efecto, el proyecto se encuentra próximo a su votación en Sala, consagrando nada más ni nada menos , lo que ha sido la tónica del ministerio del Interior y de este Gobierno en materia de respuesta a las manifestaciones sociales: su criminalización.
El proyecto, para ser claros, sanciona los ataques contra integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones y elimina las multas, reemplazándolas por penas de cárcel para los autores de estas agresiones, no obstante existir en nuestra ley penal común, tipos delictivos que sancionan con altas penas los actos que se pretende incluir en esta nueva ley.
Cuando nos encontramos próximos a la votación en Sala, no puedo menos que reiterar mis preocupaciones planteadas al momento de ingresar este proyecto: criminalizar los movimientos ciudadanos es la peor forma de conducir los cambios sociales y la muestra concreta de la ausencia de empatía, inteligencia y asertividad para conducirse en el llamado ámbito de la “seguridad pública”.
Además de no considerar los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de Derechos Humanos, el Gobierno piensa que al aprobar esta ley tendrá herramientas útiles para reprimir y contener los movimientos ciudadanos, especialmente el estudiantil y los que se están repitiendo en regiones.
Pues bien, señor Hinzpeter, aquéllas manifestaciones no son delitos, sino formas de expresión que, debido a la deficiente forma de gobernar, han llegado en oportunidades a generar climas tensos y complejos, pero, reitero, las manifestaciones no son un delito.
Una de las promesas más repetidas por el actual Gobierno fue la de ganarle la batalla a la delincuencia y controlar el orden público; promesa que ha quedado incumplida y que el Gobierno no puede pretender alcanzar a través de una ley absurda y que pone en riesgo los derechos civiles de todos los chilenos, en una comedia de equivocaciones que sólo reflejan escasa claridad en esta materia.
El Gobierno debiera, desde un comienzo, haber desplegado habilidades políticas para acercarse a los manifestantes, para prever situaciones y no esperar que centenares de miles de personas se lo digan en la calle.
La aprobación de este proyecto de ley sería un retroceso, la señal clara de que la mano dura es la mano del Gobierno… mi invitación es a rechazarla e instar a las autoridades al camino del diálogo y, por cierto, al cumplimiento de sus promesas electorales.