Aunque parezca increíble, hasta hace algunas décadas, existió en Chile libertad de pesca, o sea, quien quisiera podía extraer recursos del mar, sin la exigencia de mayores trámites y requisitos. La irrupción de una flota industrial masiva y tecnificada y la depredación que ello significó obligó a adoptar medidas de administración.
Se creó así, primero, la denominada cuota global, un volumen máximo por especie que se podía capturar.Esto no logró evitar la sobreexplotación. Así, a comienzos del 2000, las principales pesquerías del país y fundamentalmente la del jurel, se encontraban colapsadas, amenazando una crisis estructural.
El principal problema que se acusaba en ese momento, además de la disminución de las capturas, era la existencia de la denominada “carrera olímpica”, esto es que los operadores buscaban extraer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de especies hasta agotar la cuota global. El límite se agotaba así en pocos días, dejando a la flota y los trabajadores desocupados el resto del tiempo.
Se sugirió, entonces, como solución, pasar de la cuota global a las cuotas individuales.Cada armador obtuvo, entonces, una porción singularizada, determinada según su historia de pesca y capacidad de bodega. Se explicó que ello evitaría la sobreexplotación, daría estabilidad a la industria y terminaría con la carrera olímpica.Al tener cada armador su cuota asignada, podría organizar sus faenas.
A doce años de la creación de este sistema, nuevamente la pesca vive una crisis.Las principales pesquerías del país se encuentran severamente disminuidas. El jurel, que por años tuvo extracciones muy por encima del millón de toneladas, hoy apenas alcanza las 500.000. La carrera olímpica regresó, esta vez porque las cuotas asignadas no se correspondían con la biomasa.
Sin embargo, se plantea insistir, a través de un proyecto de ley, incluso con más fuerza, en el mismo sistema. Se propone ahora darle carácter indefinido a las cuotas, permitir expresamente su transferibilidad y división. Se asignan respetando los derechos existentes y la licitación se permite sólo respecto de los excedentes.
Dicho en sencillo, se ofrece como remedio, más de la misma medicina que tiene al enfermo moribundo, o sea, el sistema de cuotas que fracasó y que tras doce años de aplicación nos llevó a la actual crisis.
Los problemas de la pesca requieren mayores y mejores esfuerzos. No basta con este énfasis en las cuotas que sólo favorece a algunos. Es el triunfo de los intereses individuales sobre el bien común. Lo mismo que también fracasó en la administración de los derechos de agua y que tiene a nuestros campesinos en la angustia.
Lo que necesitamos es una ley que resguarde efectivamente los recursos y que, a la vez, proteja y fomente la pesca artesanal. Lamentablemente la propuesta que se discute en el Parlamento representa más bien una amenaza para este sector, en la medida que no establecen normas claras respecto, entre otras, a la perforación de las 5 millas y a la pesca de arrastre.
Asimismo, no se ocupa en forma detallada de la investigación y la fiscalización ni contiene disposiciones satisfactorias sobre protección social para los trabajadores del mar.
Por ello, estamos proponiendo prorrogar por un año la ley de pesca actual, con el objeto de tener más tiempo y asegurar una discusión seria y profunda que considere todos los aspectos indispensables para garantizar la sustentabilidad de la actividad.
Si esta ley no aborda de un modo adecuado estos problemas, habremos cometido un error que difícilmente se podrá solucionar en el futuro ya que esta ley regiría durante los próximos 20 años.