Los datos de la Encuesta Adimark que otorgan un 29% de aprobación y un 64% de rechazo al Presidente Piñera y cifras semejantes a la gestión de gobierno, muestran que el segundo tiempo ha comenzado mal desde el punto de vista de la valoración de los ciudadanos.
Influye decisivamente la incapacidad del gobierno ya no solo para imponer su propia Agenda sino la desintegración de ella si alguna vez la tuvo.
Mas bien, la Agenda es puesta por los movimientos sociales y a ella el gobierno responde con retraso, sin capacidad oportuna de negociación, repitiendo un esquema mas parecido a la gestión empresarial que a la de políticas públicas, con extrema rigidez, confiando más en la represión de los movimientos sociales que en una salida a sus demandas.
El error principal del gobierno, sea en el tema estudiantil, en la movilización de Aysén y otras, es la de concebir a los movimientos sociales en una clave conspirativa.
En la movilización de Aysén fue patente la consideración hecha por el ministro del Interior de que se trataba de un movimiento dominado por sectores extremos y frente a lo cual la respuesta principal debía ser la de la mantención del orden público por sobre cualquier otra consideración.
Por ello, se cambió la agenda al ministro Alvarez y se le impidió que negociara directamente en la región, aún con tomas, paralizaciones y la ciudadanía en las calles.
Por la misma razón se presentó la querella por ley de Seguridad del Estado en contra de 22 modestos campesinos, pescadores, dueñas de casa, la mayor parte de ellos sin militancia política o cuando la tenían eran tanto gente ligada, más bien en sentimiento que en orgánica, a los partidos de la Concertación como a RN .
Es decir, era un movimiento auténticamente social, que comprometía al conjunto de la ciudadanía de Aysén y contaba con el apoyo mayoritario de la población tanto en la región como en el país.
Como consecuencia de ello, de una errada visión conspirativa mas que política-social, el gobierno demoró más de 40 días en asumir la realidad, y al final tuvo que concentrarse en las demandas y en ofrecer soluciones a ellas como condición para deponer las tomas, barricadas y hacer volver la normalidad en la región.
Para entonces, el Presidente y el gobierno habían ya consumido una alta cuota de la menguada credibilidad y tanto lo ayseninos como todos los chilenos percibieron que el gobierno fue obligado a un giro casi copernicano de su posición original para abordar el conflicto en términos políticos, dejando un cúmulo de heridos en el camino, entre ellos su propio negociador, el ministro de Energía Rodrigo Alvarez, cuya renuncia opacó totalmente la nueva estrategia que el gobierno debió asumir y sus resultados y dejó a la luz la improvisación con que operó durante todo este período.
La renuncia de Alvarez demostró que no hay un equipo de gobierno, que no hay lealtades mínimas entre los Ministros y que lo que se pensó, excluyendo a Alvarez de las negociaciones finales, fue que pagara, en la mente de la población, el costo de la inoperancia y de la represión.
Era necesario un chivo expiatorio, un fusible, que impidiera trasladar el conjunto del repudio ciudadano al Presidente y a su equipo político que habían diseñado y conducido la estrategia equivocada.
De otra parte, el cruel asesinato del joven Daniel Zamudio, víctima de la intolerancia y la discriminación enfermiza, obligó al gobierno a abrir un tema que claramente causa una profunda división valórica entre sus partidarios: la ley antidiscriminación vista además en clave de victimización por causal de orientación sexual, es decir el peor terreno para abordar el tema para una coalición con una de sus almas profundamente conservadora e integrista.
No olvidemos que los diputados de la UDI y algunos de RN recurrieron al Tribunal Constitucional para paralizar el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y que los más conspicuos senadores de la UDI votaron en contra del artículo 2 del proyecto que es la esencia, la médula, de la legislación antidiscriminación sin el cual el proyecto no vale nada.
Por primera vez en estos dos años, fruto de la presión de opinión pública, el gobierno se ve obligado a colocar suma urgencia a la tramitación de la ley antidiscriminación.
Esta pasará en los próximos días a Comisión Mixta y el propio gobierno ha debido comprometer un veto para mejorar el texto que salió del Senado.
En definitiva, también en este tema, el gobierno ha debido asumir la Agenda que la opinión pública ha instalado y lo ha hecho con tal ambivalencia y señales contradictorias que ante la opinión pública, conmovida fuertemente por el asesinato de Zamudio, aparece más como una derrota del gobierno que como un paso adelante del cual el propio gobierno al final de cuentas es también parte.
En el mal resultado de la Encuesta de marzo está el pésimo manejo del conflicto de Aysén, la represión desatada por las Fuerzas Especiales – que hizo decir al Senador RN Horvath que el ingreso de FFEE de Carabineros se parecía a la ocupación nazi de París -, la presentación de una insólita querella por Ley de Seguridad del Estado que no tenía fundamento jurídico alguno y que debió ser retirada, el arrinconamiento del gobierno en el tema de la discriminación, el rechazo al aborto terapéutico, que existió legalmente en Chile por sesenta años y cuyo rechazo por parte de la derecha deja a Chile como uno de los cinco países del mundo donde este no existe, el fracaso de la política de la lucha contra la delincuencia.
Todo ello, revela que hay una distancia irremontable entre la subjetividad y las exigencias de cambio de la sociedad y la capacidad y voluntad política del gobierno para canalizarlas.
La ciudadanía, fruto de la globalización, de las comunicaciones mundializadas, de la revolución de las nuevas tecnologías de la información, va mucho mas rápido que un gobierno conservador, incapaz de colocarse a la cabeza de un proyecto como el que el país necesita para su desarrollo.
El próximo debate sobre el proyecto de reforma tributaria que enviará el gobierno, creará gran insatisfacción porque no aborda el tema de la mala distribución del ingreso y la obtención de recursos para garantizar una educación gratuita y de calidad.
A su vez, la paralización de las reformas políticas golpeará la credibilidad de un gobierno donde el elemento más negativo de la evaluación ciudadana es que la inmensa mayoría de los chilenos no confía en el Presidente Piñera.
Por tanto, si el gobierno no resuelve una hoja de ruta, no le da un mínimo sentido a su gestión, no se anticipa a los conflictos y sigue obsesionado con la represión a los movimientos sociales, seguirá bajando en las encuestas y confirmando que a la derecha chilena le cuesta mucho gobernar un país para todos.