La semana pasada, junto a varios diputados de mi bancada (DC), ingresamos un proyecto de ley que busca instaurar, en Chile, el Día Nacional de la Diversidad. El objetivo de esta iniciativa es, precisamente, visibilizar la necesidad de valorar las particularidades de todos, respetando sus condiciones y valorando la riqueza de la diversidad.
Hoy, al celebrarse el día Mundial del Síndrome de Down, no puedo dejar de reiterar mi compromiso al respecto.
Si bien el síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la especie humana como consecuencia de una particular alteración genética, también es cierto que esta particularidad ofrece una posibilidad concreta de demostrar nuestra opción por el real respeto e integración de todos por igual.
Ello, porque el derecho a la igualdad es uno de los derechos esenciales y nuestro país así lo ha ratificado en numerosos tratados y acuerdos internacionales, siendo, sin duda uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 1 dispone que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros”.
En su Artículo 2 establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Y, precisamente desde esta mirada, las políticas públicas debieran promover precisamente el fortalecimiento de la igualdad y la implementación de acciones e iniciativas que permitan generar un colectivo donde cada quien aporte desde su propia diversidad. En este punto, con quienes tienen Síndrome de Down, aún estamos en deuda.
En deuda, porque a pesar de que la ley de la discapacidad establece que los colegios no podrán excluir a quienes tengan este síndrome u otra condición, en la práctica, así ocurre.
La subvención preferencial que paga el Estado precisamente para estos casos, parece no ser utilizada para ello. Los establecimientos se escudan buscando uno y otro argumento y continúa esta inaceptable segregación.
Pendiente aún está, también, la discusión sobre la capacitación a la que quienes tienen este síndrome pudieran acceder, buscando otorgarles una forma de ganarse la vida y de integrarse a la sociedad.
Aún no se realiza el debate sobre el futuro de estos niños, la preocupación de muchos padres que temen por la integridad de sus hijos pensando qué les ocurriría cuando ellos ya no estén. Se ha propuesto una previsión especial, un apoyo concreto del Estado y aún no se avanza al respecto.
Que este día, entonces, nos una en el reconocimiento a la riqueza de la diversidad y a la necesidad de implementar aquéllas políticas públicas que conduzcan a una plena integración.
Que la palabra igualdad no sea un conjunto de fonemas sin sentido, que sea parte de nuestra idiosincrasia, cultura y accionar.