Los sistemas electorales son mecanismos institucionales que tienen como objetivo traducir o transformar la voluntad general del soberano (electores-ciudadanos) en escaños o asientos parlamentarios. Del mismo modo, funcionan para elegir jefes políticos (a nivel del Estado o municipio) o representantes a nivel local (concejales, consejeros, etc.).
El principio en una democracia representativa (y participativa) es que los votos tienen el mismo peso para cada uno de los electores; es decir, para el caso chileno el voto de un elector del norte debe ser igual al de uno de la zona central, del sur o de la zona austral del país. En definitiva, cada voto debe valer (como cantidad) lo mismo.
Si se quiere, un voto debería ser equivalente a un punto en el conteo final. Sin embargo, en el sistema electoral binominal eso no ocurre.
Lo que ha sostenido en el tiempo esa situación que algunos han llamado “cancerígena” no sólo ha sido el cálculo político (del “pacto duopólico”), sino también la tesis de que es un sistema que genera estabilidad y hace posible la gobernabilidad.
Sin embargo, si el binominal ha generado estabilidad, lo ha hecho a costa de una profunda distorsión de este principio básico de la democracia. Es un sistema que ha “distorsionado y torcido” la Voluntad del Soberano durante veinte años y que hoy ha generado una crisis de representatividad, participación y legitimidad.
Dos son las distorsiones que genera el binominal; a) la del empate ficticio y la exclusión de todo lo que no sea “pacto duopólico” y b) la distorsión territorial del voto-elector.
El primer aspecto ha sido ampliamente discutido. Sin embargo, quisiera mencionar que con el 33,3% de los votos una fuerza política (pacto o partido) se asegura el 50% del parlamento. Este hecho es lo que se ha llamado “empate ficticio”. No obstante, esta situación funciona de mejor manera (y ese era el diseño original) en un escenario de dos fuerzas en competencia. No ha sido el caso de Chile.
En relación a la exclusión de sectores minoritarios hay que decir que se trata de partidos o pactos que de las 360 mini elecciones a nivel de los diputados (6*60) sólo en el 20% de los casos (72) han logrado menos del 5% de los votos. Es decir, en el 80% de las veces los votos superan el umbral del 5% y con ello el requisito de un sistema “proporcional corregido”. A nivel del Senado de las 66 mini elecciones el umbral del 5% se ha superado en el 77% de los casos (23).
En definitiva, las minorías que excluye el binominal superan con en muchas ocasiones el umbral del 5% de los votos y de igual modo, quedan fuera del parlamento.
Mientras las fuerzas del “pacto duopólico” están la mayoría de las veces “sobre representadas” (más escaños de los que le corresponde según la cantidad de votos obtenidos), las fuerzas minoritarias la mayoría de las veces están “subrepresentadas” (menos escaños de los que le corresponde según la cantidad de votos obtenidos).
Por tanto, la primera distorsión genera que no exista correlación entre los votos obtenidos y los escaños logrados.
Esto, sin duda, determina que en unos distritos o circunscripciones los votos de cada elector no tengan el mismo valor.
Un sistema electoral no sólo debe asegurar que el número de votos se exprese “proporcionalmente” en el número de asientos obtenidos en el parlamento, sin también que cada postulante sea elegido con una cantidad de votos similar independientemente del lugar de Chile en que se encuentre. Veamos la segunda distorsión.
Este último caso genera el mismo efecto; pero, en el ámbito de la cantidad de votos necesarios para elegir postulantes. Cualquier reforma del binominal debe considerar este hecho y como consecuencia reformular el mapa territorio-electoral del país. Los datos de esta situación son evidentes y contundentes.
Las cifras a nivel de los diputados muestran según el número de inscritos que en el ’89 se debía elegir un diputado cada 63.000 electores, en el ’93, ’97 y 2001 cada 67.000, en el 2005 se sube a 68.500 y en el 2009 a 69.000 electores.
Si consideramos el número de votos válidos observamos que en el ’89 y en ’93 el número de electores para cada postulante electo debía ser de 56.000, en el ’97 se baja a 48 mil, en el 2001 a 51.000 y en el 2005 y 2009 a 55.000 electores.
Al analizar lo que ocurre en cada distrito y elección observamos cómo esta situación se distorsiona dependiendo del lugar territorial en cuestión. Según los votos válidos los distritos más grandes son el 18 (Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal), el 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú), el 21 (Ñuñoa, Providencia), el 23 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea), el 27 (El Bosque, La Cisterna, San Ramón) y el 29 (La Pintana, Puente Alto, Pirque, San José).
Son los únicos seis distritos en los que en las seis elecciones (entre el ´89 y el 2009) se ha superado el umbral de los 150 mil votos válidamente emitidos. El promedio de votos respectivamente (en esas seis elecciones) es de 176.545, 218.069, 181.345, 190.665, 167.884 y 167.282. El promedio de esos seis distritos es de 183.632 votos válidos. ¿Qué ocurre? Suceden dos hechos que distorsionan.
El primero, es que en cada uno de ellos se escogen dos diputados; es decir, en estos distritos concurren en promedio 183.632 electores para elegir sólo dos representantes. La magnitud de la distorsión se observa cuando analizamos lo que ocurre en los seis distritos más chicos. Eso, lo veremos más adelante.
El segundo hecho de la distorsión es que en esos seis distritos con 1.101.790 votos en promedio se eligen 12 diputados. Es una cifra que representa en promedio el 17,1% de los votos válidos a nivel nacional; es decir, con ese total de votos esos mismo distritos deberían tener una representación de 21 diputados. Eso sí, en el contexto de un sistema electoral que no genere distorsión territorial en el que cada voto tiene el mismo valor político.
Veamos lo que ocurre en los seis distritos más chicos. En términos de promedio y según los votos válidos los seis distritos más chicos son el 5 (Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro), el 6 (Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar), el 9 (Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos), el 49 (Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria, Vilcún), el 52 (Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica) y el 59 (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, Tortel).
El promedio de votos válidos respectivamente es de 60.070, 42.266, 60.527, 64.157, 62.332 y 37.729. El promedio de esos seis distritos en seis elecciones es de 54.514. Nuevamente, ¿qué ocurre?
Sucede que el peso político y electoral de esos pequeños distritos es igual a lo que observamos en los seis más grandes al elegir también cada uno dos diputados.
Evidentemente, no puede ser lo mismo 183 mil votos para elegir dos representantes que 54.500 para elegir la misma cantidad. Como tampoco un millón cien mil votos para elegir 12 diputados que 327 mil votos para elegir la misma cantidad. Como se observa, el voto de un elector perteneciente a distritos electoralmente grandes no tiene el mismo peso político que el de un elector de un distrito chico o mediano.
Finalmente y como un forma de reforzar la hipótesis anterior, observamos que en la elección de diputados del 2009 el distrito que eligió dos diputados con el menor número de votos válidamente emitidos fue el 59 con 40.961.
Del mismo modo, el más grande fue el distrito 20 que con 241.446 votos válidos también eligió dos representantes. Es decir, el elector del distrito 59 tiene un peso político-electoral seis veces más que un elector de las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos.
Finalmente, a nivel del Senado la distorsión es mayor. Y ello, al analizar circunscripciones y/o regiones. En efecto, mientras la Región Metropolitana elige 4 senadores con un promedio de 2.542.912 votos válidos, la Quinta lo hace con un promedio de 727.645 y la Décima con 190.022.
Mientras, la Circunscripción segunda elige dos senadores con un promedio de votos válidos de 185.565, la Circunscripción siete (Metropolitana Poniente) lo hace con 1.221.871 y la Circunscripción 19 sólo con 67.856.
Estos hechos son, sin duda, otra distorsión del sistema binominal y que la potencial reforma debe corregir.
Ello, implica, por tanto, reformular y ajustar el mapa territorio-electoral del país. Y ello, pasa necesariamente por aumentar el número de representantes, aun cuando, sea una mala señal para una coyuntura de crisis de legitimidad.
Si se hace, sugiero no subir los costos de la labor parlamentaria.