Debido al desorden imperante en materia de ciudad se han multiplicado los loteos brujos, es decir, las construcciones de viviendas muy modestas, prohibidas por ley, en terrenos rurales. Luego, estos emprendimientos truchos se realizan fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales.
Esta lucrativa práctica para sus operadores existe porque los terrenos rurales, que se transan en el mercado por hectárea, son baratos y para armar los negocios se forman unas denominadas “agrupaciones para la vivienda” en donde el inversionista vende hectáreas a los necesitados y las directivas de aquellas agrupaciones las subdividen de facto en superficies de 162 m2 (9 m. de frente por 18 m. de fondo) o de otras medidas similares.
Según nos ha demostrado el ex concejal UDI José Manuel Díaz de Valdés, en la región metropolitana de Santiago la comuna de Padre Hurtado lleva el liderazgo en esta carrera ilegal por entregar casa propia -sin ningún tipo de urbanización- a gente de muy escasos recursos.
Este personaje ha estado fiscalizando esta lacra del sistema desde la creación de esta comuna que se encuentra a 23 kilómetros al SW de la ciudad de Santiago, provincia de Talagante.
En términos generales los inversionistas adquieren terrenos sin aptitud urbana, de entre 5 y 20 hectáreas y después se lotean en esos insignificantes predios: en general una hectárea cuesta $ 15.000.000 y cada pequeños sitio se vende en $ 3.000.000, con lo cual esa hectárea se transforma milagrosamente después del “proceso administrativo” en $ 150.000.000.
Cuando se consolidan estas nuevas poblaciones sus moradores exigen a las autoridades que les construyan los servicios básicos, ya que allí no hay alcantarillados ni tendidos eléctricos, como las pavimentaciones de las veredas y calzadas.
Las basuras son introducidas en pozos negros y en ocasiones en los canales de regadío de los ríos Maipo y Mapocho. Como vemos, papito fisco se hace cargo de todas las obras de infraestructura necesarias.
Como esas “agrupaciones de vivienda” están incapacitas legalmente para transferir el dominio de los terrenos subdivididos, que continúan siendo agrícolas, sus dirigentes comunitarios recurren a los municipios y al ministerio de Bienes Nacionales para que finalmente se les entreguen títulos de dominio a sus propietarios.
Pero para ello, previamente se debe contar con los informes favorables del Seremi de Vivienda y Urbanismo, por un lado, y del Seremi de Agricultura, por otro lado, autoridades que habitualmente, como mal menor, aprueban de mala gana esas ilegalidades.
Ahora bien, hace unos seis años un avispado particular compró 12 hectáreas rurales en la comuna de Padre Hurtado y con la ayuda logística del alcalde anterior formó la “agrupación para la vivienda Santa Mónica”.
Se loteó de la manera indicada y en la actualidad hay más de 100 viviendas, a pesar de que en la época de su creación, tanto el ministerio de Vivienda y Urbanismo como el ministerio de Agricultura, se opusieron formalmente a ese negocio.
La Contraloría General de la República, por su parte, también expresó que esa iniciativa mercantil era improcedente, lo cual no impidió que el inversionista siguiera adelante con su proyecto inmobiliario fuera de norma.
En vista de ello, el entonces concejal Díaz de Valdés, presentó la denuncia correspondiente en los tribunales de justicia, los cuales, después de 4 años de indagaciones, fallaron en contra de ese loteo brujo.
El caso llegó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por la gravedad de los hechos relatados, hoy en día la causa (Rol Nº 27.420-5) está a cargo de una Ministra en Visita Extraordinaria. Están sometidos a proceso en calidad de autores de infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones diferentes personas naturales, todos residentes en la comuna de Padre Hurtado.
Dicho ex concejal, aburrido con la inacción de la Administración del Estado y en particular con la lenidad habitual de las autoridades sectoriales del gobierno, sintiéndose muy perjudicado en sus labores agrícolas, renunció a la UDI firmando el papel correspondiente en el Registro Electoral, lo que fue conocido oportunamente por Juan Antonio Coloma, presidente de ese partido político.