Hoy martes, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) negó cualquier responsabilidad en el incendio forestal en Carahue, que costó la vida a siete brigadistas en La Araucanía. Una declaración que pone en jaque la tesis del Gobierno que ha invocado la ley antiterrorista.Decisión que ha provocado el repudio generalizado desde diversos sectores.
El cuestionamiento a priori y sin una investigación previa, tanto del intendente regional como del ministro del Interior, quienes en un primer momento atribuyeron responsabilidades a esta comunidad, sólo ha contribuido a exaltar más los ánimos y sembrar el malestar en las comunidades mapuches, cuando lo que necesitamos es precisamente lo contrario: avanzar hacia la paz social en la región.
Además de una evidente falta de respeto a la institucionalidad, la estrategia del Gobierno carece de una mirada asertiva sobre la tragedia vivida, que no debemos olvidar pues hay siete víctimas fatales y, además, sobre la realidad mapuche.
El conflicto indígena es cíclico y tiene particularidades que no pueden pretender entenderse desde un escritorio en la Moneda. Por ello, desde la Araucanía nuevamente le pedimos prudencia al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
De nada sirven las apologías al respeto de las instituciones, si el Gobierno insiste en invadir las atribuciones de otros poderes del Estado.
Volviendo a la tragedia ocurrida en Carahue, hoy hemos pedido que la comisión investigadora que se hará a cargo del incendio en Parque Nacional Torres del Paine, asuma también la responsabilidad de indagar qué ha ocurrido en la Araucanía,petición que fue acogida por la unanimidad de la Cámara.
Esto, porque el drama humano de haber perdido a siete habitantes de la Araucanía, responde, también, a la compleja y muchas veces vulnerable situación que viven los brigadistas y que no está para nada clara en términos de seguridad y de adecuados recursos para combatir los incendios.
Mientras tanto, y creo representar el sentir de la gran mayoría de los habitantes de La Araucanía, dejemos que el Ministerio Público trabaje y que el Poder judicial se pronuncie.