Esta semana debiera votarse el proyecto elaborado por el Gobierno y que sanciona directamente las tomas y a quienes cubran su rostro en las manifestaciones, proyecto conocido como ley Hinzpeter, el único que forma parte de la Agenda de Seguridad Ciudadana de la actual administración.
Un dato no menor, si consideramos que, según la última encuesta CEP, el 62% de la ciudadanía siente que el Gobierno lo ha hecho “muy mal” en el combate a la delincuencia.
Pero, el Gobierno, una vez más equivoca el camino y concentra sus energías en un sólo proyecto, que, en rigor, sólo busca anular los derechos civiles.
Seamos claros, tras haber vivido un año de masivas manifestaciones por diversos motivos, y con especial relevancia por las legítimas demandas estudiantiles, no cabe duda que nos encontramos frente a un proyecto que, en definitiva, busca reprimir la disidencia.
Ello, porque la actual legislación contempla ya sanciones para quienes actúen con violencia y ocasionen desmanes en este tipo de hechos, no siendo necesario agregar nuevas tipificaciones que , con franqueza, apuntan a una inaceptable represión de las legítimas manifestaciones ciudadanas.
Con indignación fuimos testigos de numerosos atropellos de los derechos humanos en varias de las marchas estudiantiles; la comisión de DDHH de la Cámara recibió numerosos antecedentes al respecto.
Las redes sociales fueron el motor de denuncia, dejando en internet los videos y las pruebas contundentes de detenciones ilegales, apremios ilegítimos y desalojos con innecesaria violencia. No queremos más de aquello.
Por ello, no sólo anuncio que votaré en contra, sino que apelo a mis colegas en la Cámara de Diputados para que rechacen este proyecto.
Los derechos civiles forman parte de los Derechos Humanos y fueron los primeros en ser reconocidos, junto a los políticos, como derechos naturales, es decir, como pertenecientes al hombre por ser dados por la naturaleza, y no por creación del estado.
Tan sólida es la defensa de estos derechos como poderosa es su historia y su trascendencia.
Ya en 1789, los revolucionarios franceses otorgaron el valor exacto a estos derechos a través del lema: libertad, igualdad y fraternidad, consagrándolos como naturales e inalienables del hombre. Obviamente, siguiendo a esta categoría se encuentran otros claves, como el derecho a expresarse y, a manifestar la legítima disidencia.
Así como debemos luchar por la no discriminación, y el derecho a disentir, hoy, apelamos con energía a la libertad de expresión, sin la amenaza represiva de un Estado que en lugar de empatizar opta por silenciar.