En la elección municipal que se efectuará en octubre de 2012, tendrán derecho a participar 4,7 millones de nuevos electores gracias a la reforma que aprobó la inscripción automática y el voto voluntario. Hay que aplaudir que el gobierno y el Congreso hayan coincidido en la necesidad de este cambio.
La entrada en escena de los nuevos votantes introducirá un elemento de incertidumbre político-electoral en todas las comunas, puesto que nadie puede asegurar hacia dónde se inclinará la mayoría de ellos. Los actuales alcaldes cuentan con clientelas de comportamiento relativamente previsible, pero ahora votará mucha gente por primera vez, y sus preferencias son un misterio.
O sea, será más difícil que haya resultados predeterminados y se abrirá un espacio de mayor competencia, lo cual es tonificante para el régimen democrático. A lo mejor, hasta el alcalde Labbé se pondrá nervioso en Providencia ante la incorporación de miles de nuevos electores.
Y otro tanto puede ocurrir con los alcaldes y alcaldesas que llevan un largo tiempo en funciones y son casi propietarios del sillón municipal (desde luego, ninguno está dispuesto a competir en primarias dentro de sus partidos). En buena hora, pues, que experimenten cierta inquietud por lo que viene.
Es irreprochable la manera de elegir a los alcaldes y concejales. En el caso de los alcaldes, se trata de una elección uninominal en la que es elegido quien obtiene más votos en una sola vuelta; en el caso de los concejales, se aplica un sistema proporcional corregido, que permite que las mayorías y minorías obtengan representantes en el concejo municipal. En consecuencia, los nuevos votantes tienen reales posibilidades de influir en los resultados.
Pero el problema es la elección de diputados y senadores. Allí está el punto crítico de la degradación de la política en nuestro país. No servirá de gran cosa la incorporación de los nuevos electores si en noviembre de 2013, cuando corresponda renovar la totalidad de la Cámara y la mitad del Senado, sigue vigente el marco de hierro del sistema binominal, que ha influido directamente en el descrédito del Congreso.
Sería muy grave que el gobierno y los partidos oficialistas y de oposición aceptaran la inercia como principio institucional y dejaran las cosas tal como están o buscaran un método para “perfeccionar” un sistema que no tiene arreglo posible.
Si aceptamos votar una vez más bajo las normas del binominal, el riesgo político es máximo. Estará abonado el terreno para una campaña de boicot a la elección parlamentaria debido a la permanencia de un sistema que permite que quienes obtienen 31% de los votos elijan un diputado y quienes obtienen 60% elijan el otro. ¡Es una estafa intolerable!
¿De qué depende el cambio? De que los diputados y senadores estén dispuestos a poner en juego sus cargos y acepten modificar el mapa de distritos y circunscripciones, con el fin de que pueda aumentarse el número de parlamentarios y, de este modo, elegir a más de dos representantes en cada lugar.
Lo que se requiere es un sistema proporcional corregido, que permita que las zonas extremas, de baja población, tengan representación, pero que corrija la aguda subrepresentación de los grandes centros urbanos, en primer lugar de la Región Metropolitana.
En otras palabras, que el voto de un santiaguino no valga, como ocurre hoy, la quinta parte de lo que vale el voto de un aisenino. Es necesario también que puedan inscribirse más candidatos que cupos para favorecer la competencia.
Fueron los integrantes de las “comisiones legislativas” de la Junta Militar (en su mayoría, abogados que luego se integraron a la UDI), los autores del engendro. Ha llegado la hora de poner fin a esta anomalía como condición de que la democracia no siga debilitándose, pero algunos parlamentarios ya están sacando cuentas sobre la base de que el binominalismo se mantenga.
Se requiere que todas las bancadas manifiesten explícitamente su voluntad de terminar con esta situación. ¿Están dispuestos los diputados y senadores de RN y de la UDI? ¿Lo están los de la DC, del PS, del PPD y del PR? ¿Y los del PC y del PRI? ¿Y qué pasa con Navarro, Cantero, Bianchi, Alinco, etc.?
El gobierno debe apostar por esta reforma, que es indispensable para que el Congreso Nacional recupere autoridad ante el país. Y los parlamentarios deben comprometerse con el cambio y demostrar así que no son una casta.
No pueden permanecer en silencio, mirando hacia otro lado, deseando en el fondo que todo siga igual. Ha llegado el momento de que ayuden a mejorar la democracia, aunque sus intereses personales no estén asegurados. Eso los enaltecería.
Al fin y al cabo, los ciudadanos corren riesgos de todo tipo y todos los días. ¿Por qué ellos no?