El lunes pasado, en un barrio residencial de la comuna de Providencia donde jamás se había sentido el impacto de los gases lacrimógenos, se produjo un prolongado enfrentamiento entre personas que concurrieron al lugar a manifestar su protesta, su indignación, su molestia profunda, ante el hecho de que se homenajeara a un ex militar convicto por múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato.
El homenaje, ya de por sí inicuo, atentatorio contra la dignidad de tantas víctimas y contra el orden constitucional que prohíbe la tortura y el asesinato, tuvo un agravante: invitaba una autoridad, el alcalde de la comuna, lo que parecía un aval oficial a un acto que contradice elementales normas de convivencia democrática. Razón tuvo la ciudadanía al manifestar su más decidido repudio.
Uno esperaría que, en casos como éste, la reacción del gobierno, que proclama su adhesión a la causa de los derechos humanos, y de los partidos de la coalición que lo sustenta, que se proclaman democráticos, fuera de enérgico, tajante e inmediato repudio tanto del acto como de la actitud del alcalde Labbé, y que fuera también inmediata la decisión de no avalar su repostulación al cargo.
¿Y qué hemos visto? Una reacción tibia, deslavada, descomprometida, en la mayoría de los casos; y en el de la UDI, el partido en el que milita Labbé, la tibieza llega al extremo de afirmar que seguirán apoyándolo.
Yo considero lamentable esa actitud. No es digna de una democracia en forma.
No es posible que autoridades públicas rindan homenaje a torturadores y asesinos.
No es admisible que recintos municipales, financiados con los impuestos de los habitantes de la comuna, sirvan para esos efectos.
No es democrático que su partido apoye a un militante que incurre en semejantes faltas que van en contra de la constitución y las leyes.
El Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y yo, emplazamos al jefe de la coalición política de gobierno, al presidente Sebastián Piñera, a que tomara las medidas que el caso exige: impedir que Labbé repostule a un cargo al que claramente no ha respondido como lo demanda la democracia.
Hasta ahora no tenemos respuesta. Es grave. Es preocupante. Es indignante que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no tengan el respeto que se merecen y sí se le otorgue a un criminal condenado a 140 años de cárcel. No es el Chile que queremos.