No puedo dejar de lamentar que un grupo de prestigiosos expertos en educación, acompañados de varios ex ministros concertacionistas, hayan hecho público un planteamiento equívoco que, en vez de clarificar el debate y los retos de la educación chilena, termina por confundirlo aún más y por generar un adverso clima en un ya polarizado escenario político.
En esencia, su planteamiento es que en términos de un mayor impacto en justicia distributiva, en un escenario de recursos escasos, se debe optar por enfatizar los esfuerzos en la educación inicial y escolar por sobre la educación superior.
Cómo no lamentar que se establezca una falsa disyuntiva entre opciones que, puesto así, aparecen como excluyentes y hasta contradictorias.
El debate que corresponde es, por el contrario, cómo hacer posible que la lógica de la progresividad del gasto social, de una equitativa calidad educacional y de una mejor distribución del ingreso en Chile sea posible interviniendo en todos los niveles de la educación y no en una parte de ella, a expensas de otra.
No se trata de optar, sino de equilibrar los esfuerzos financieros y de calidad a lo largo de todo el sistema educacional, desde la preescolar hasta la pos secundaria.
Y ello respondiendo a la realidad social y educacional chilena.
Nuestro país cuenta con una ley del Sistema de Protección Social, Chile Crece Contigo (incumplida por el actual gobierno desde el 2011 y reiterado su incumplimiento en el proyecto de ley de presupuesto del 2012), que establece derechos garantizados de gratuidad en atención escolar de la primera infancia del 60% de menores ingresos, así como de niños y niñas cuyas madres trabajan, estudian o buscan trabajo.
Asimismo, y antes que dicha ley, otra legislación estableció la obligatoriedad de 12 años de escolaridad, situación que, además de universalizar la educación media, ha llevado a masificar la educación pos secundaria (técnica y universitaria).
En este cuadro de universalización de derechos de accesos en todos los niveles educacionales, lo que cabe debatir como sociedad es, precisamente, cómo se garantizan calidad y equidad en todos ellos, evitando el peligro de que el desarrollo de algunos niveles educacionales pueda ser a expensas u omitiendo otros.
En primer término, la comunidad nacional debe exigir el cumplimiento legal del acceso garantizado a la educación inicial, tal como lo establece la ley Chile Crece Contigo y que, en el presupuesto vigente del 2011 y en el proyecto del ley del 2012, ha sido ignorado por el actual gobierno y tampoco ha sido reclamado por el parlamento.
Para que se entienda bien, el presupuesto en ese nivel de la educación está obligado a proveer los recursos que la ley establece como derechos garantizados.
Ello no puede responder a decisiones discrecionales de cada presupuesto anual, sino que el presupuesto debe contener de manera permanente los recursos necesarios para que se pueda ejercer tal derecho a salas cunas y jardines infantiles. Tales recursos no son negociables, sino que son una exigencia, ni pueden tampoco ser redefinidos o redestinados para otras partidas de educación, pues hacerlo es violar la legislación de protección social a la infancia.
En cuanto a los restantes niveles de la educación, si cumplir con el derecho a una educación gratuita de calidad para todos los alumnos en el sistema escolar y para la masiva presencia de estudiantes en la educación superior requiere más recursos que los disponibles, entonces el debate no puede ser que haya que optar por cuál nivel educacional priorizar dado que los recursos no son suficientes.
En este caso, el debate que corresponde es cómo la sociedad chilena asegura los recursos necesarios para mejorar todo el sistema educacional.
En un reciente informe de CEPAL sobre la desigualdad en América Latina se señala que la proporción del gasto social público en infancia y juventud en nuestra región es la mitad de lo que invierten, en relación a adultos mayores (sistemas de pensiones), los países con mayores niveles y calidades educacionales y mayores grados de igualdad social.
Y eso significa, sin duda, gasto e inversión fiscal en todo el sistema educacional, desde la enseñanza preescolar, pasando por la básica y la media, así como por la educación técnica y universitaria.
En el mismo informe, además, se muestra que la actual carga tributaria en Chile está 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) por debajo de lo que potencialmente debería ser, dado nuestro nivel de desarrollo económico.
Según varios economistas de reconocida trayectoria, precisamente son 3 puntos del PIB los que se requieren para solventar las exigencias de calidad y equidad en el sistema educacional chileno, desde la educación inicial a la universitaria.
De modo que, compartiendo con los expertos y ex ministros de educación que han hecho público su planteamiento de que la igualdad se juega desde el nacimiento y que debemos corregir las desiguales oportunidades y calidades en el sistema escolar, pero agregando que además tenemos ya a un 40% de nuestra población joven en la educación superior, invito a centrar el debate donde corresponde y a no desviar la discusión en una innecesaria opción de privilegiar o priorizar a un nivel educacional respecto de otro.
Recomiendo a los autores de este planteamiento inoportuno, la lectura de un libro que puede llamarlos a reflexión, me refiero a la magnífica novela de William Styron La Decisión de Sofía, en que una madre judía es conminada por el guardia nazi, en un campo de concentración, a decidir a cuál de sus dos hijos salvarle la vida. No tiene otra opción que elegir a uno, bajo amenaza de que si no lo hace, ambos morirán.
Para quienes no lo hayan leído, al final resulta que los pierde a los dos y, como es previsible, ella queda muerta en vida.