Cada vez parece ser mayor el distanciamiento existente entre saberes y decisiones técnicas y políticas, tema del todo crítico, si tenemos en cuenta que la gestión de políticas públicas requiere precisamente de eso: de una adecuada combinación entre capacidad estratégica para la toma decisiones políticas, con un sólido conocimiento técnico tendiente a la construcción de soluciones adecuadas.
Publicaciones recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como “La formulación de políticas en la OCDE: ideas para América Latina”, reafirman esta idea planteando que uno de los principales desafíos de los procesos de políticas públicas en el continente es superar la deficiente capacidad técnica para diseñar políticas.
Muchas veces las malas políticas se originan en diagnósticos mal enfocados, que generan tanto una implementación como resultados deficientes. Es urgente generar aprendizajes que promuevan una interacción entre la política y el conocimiento técnico, así como lenguajes comunes que permitan un diálogo para diseñar políticas públicas acertadas.
Tendemos a caer en uno u otro extremo y nos equivocamos.
La Nueva Forma de Gobernar se ofrecía como una forma de tecnificar las decisiones, dejándolas “en manos de los mejores”, pero hasta los buenos cuadros técnicos se vuelven incompetentes cuando deben ajustar lo planificado en función de la coyuntura o lidiar con demandas múltiples y hasta opuestas. Está plagado de ejemplos de buenos técnicos que son muy malos políticos.
En la vereda opuesta están los “buenos políticos” despreciativos del conocimiento técnico, que le hacen un flaco favor a la calidad de las políticas públicas, poniendo por delante los medios, el poder, y no los fines, el desarrollo, la calidad de vida, la justicia social y todas esas nobles causas para las que se supone elegimos a nuestros representantes.
¿Qué papel tienen en el gobierno los profesionales con suficiente capacidad técnica a la hora de tomar decisiones políticas?
¿Se consideran las evaluaciones y las investigaciones para nutrir de contenido estas temáticas? o ¿sólo se financia su realización para cumplir con estándares internacionales que obligan a los gobiernos a generar conocimientos y evaluaciones acerca de los programas de política pública?
En sintonía con recomendaciones de analistas de organizaciones internacionales de desarrollo, es importante fomentar instrumentos y herramientas que permitan mejorar las relaciones entre ambos sectores, y que el conocimiento generado nutra de alguna u otra manera el diseño de políticas sociales.
Ejemplos internacionales de iniciativas en esta dirección existen varios, como las agencias de evaluación de políticas públicas, que gozan de cierta autonomía y aportan importantes insumos a los procesos de evaluación, con el apoyo de especialistas externos al gobierno.
Otro mecanismo que se ha expandido durante los últimos años, son los departamentos de investigación dentro de los ministerios. El desafío en este ámbito es identificar cómo estos departamentos de investigación se vinculan con el conocimiento externo, que se genera en universidades y centros de estudios, con el fin de encontrar espacios efectivos de colaboración.
Los institutos de desarrollo y promoción de la investigación científica también podrían jugar un rol fundamental en lo que he venido planteando.
Es el caso de organismos como la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, que existe con características similares en otros países de la Región como Argentina, México o Paraguay. Sin embargo, estos organismos tienden a privilegiar el financiamiento de investigaciones provenientes de “ciencias duras”, por sobre las investigaciones vinculadas a lo social o a las políticas públicas.
Con todo, por más esfuerzos que se realicen por “tecnificar” el diseño y evaluación de políticas públicas, éstos no serán suficientes si no se dan en un contexto de mayor valoración de los mismos de parte de la clase política y -lo que puede ser incluso más importante- revalorizando la arena política como el espacio adecuado para la toma de decisiones sobre asuntos que nos afectan como sociedad.