¿Cuántos estudiantes secundarios perderán el año escolar? ¿Cuántos se retiraron de los colegios municipales para irse a los particulares subvencionados? ¿Cuántos estudiantes universitarios han emigrado de las universidades estatales a las privadas?
Sabemos, por ejemplo, que numerosos alumnos de primer año de la Escuela de Derecho de la U. de Chile renunciaron a ese plantel, y que un segmento significativo de ellos fue acogido con los brazos abiertos por una universidad privada.
A río revuelto…ganancia de la enseñanza privada.Al respecto, es reveladora la publicidad de varias universidades que se están preparando para cosechar un gran aumento de la demanda de matrículas.
Enfrentemos los hechos. Son inmensos los estragos causados a la educación pública por un conflicto que nadie imaginó en mayo que duraría hasta noviembre. Lo que parecía ser un movimiento “a favor” de la educación pública terminó provocándole enormes daños a ella.
¿Conclusión? No bastan las buenas intenciones. Un movimiento mal conducido puede producir efectos opuestos a los buscados.
Al comienzo, el movimiento estudiantil expresó una demanda compartida por la mayoría de la sociedad: el acceso equitativo a una educación de calidad y, en el caso de la educación superior, la urgencia de aliviar la carga de las familias endeudadas, lo que implicaba asegurar becas a un porcentaje mucho mayor de estudiantes, en lo posible a todos los que las necesitan.
Si la Confech hubiera concentrado allí sus esfuerzos, es posible que el movimiento hubiera evolucionado de otra forma. Pero al calor de las marchas, sus líderes se convencieron de que estaban haciendo historia.
Reflejo de ello fueron la equívoca consigna de “no al lucro” (cada uno la interpretaba a su modo) y las propuestas de algunos asesores interesados en materializar sus obsesiones ideológicas: renacionalización del cobre, poder constituyente, etc. Todo eso es debatible, pero es difícil aceptar que pueda ser parte de un petitorio estudiantil.
Los establecimientos de educación pública necesitan dar garantías a la comunidad de que funcionan regularmente. Es lo que esperan las familias que matriculan a sus hijos allí.
Los estudiantes tienen derecho a organizarse y a plantear sus reivindicaciones, pero eso no los libera de estudiar y proteger los centros de enseñanza. Si eso no está claro, el costo es muy alto.
En todo caso, precisemos que un adolescente o un joven tienen responsabilidades en correspondencia con su edad y su experiencia de vida. Es mucho mayor la responsabilidad de los adultos, sean estos profesores de liceo, académicos universitarios o rectores.
Si un académico se comporta como un adolescente, estamos en problemas.
Si un rector actúa como un dirigente estudiantil, no puede esperarse nada bueno. Y qué decir si un parlamentario, con tal de conquistar aplausos, se convierte en un manifestante más.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en lo ocurrido?
Haber actuado erráticamente, no haber sopesado lo que estaba en juego y haber entregado señales confusas en varios momentos.
Además, es posible que en la prolongación del conflicto haya gravitado el ideologismo conservador de algunos cerebros del Mineduc a los que no les inquietaba la posibilidad de que la educación pública se debilitara aún más. Pero el conflicto desnudó también las limitaciones del Congreso y de los partidos.
Entre los parlamentarios de la Concertación prevaleció en los últimos meses el impulso de sumarse al desfile de la popularidad.
Hoy se encuentran negociando un protocolo de acuerdo con el gobierno que ojalá represente un avance significativo, pero no deben seguir sembrando dudas sobre su propia autoridad. Ya es hora de que asuman su papel de representantes del conjunto de los ciudadanos, no de un grupo de presión.
La última encuesta Adimark consultó sobre la forma de las movilizaciones estudiantiles del último tiempo: la aprobación bajó de 49% a 38% respecto del sondeo anterior, y la desaprobación subió de 45% a 57%. Esto llevó a varios dirigentes universitarios y secundarios a reconocer el desgaste del movimiento y el cansancio de la población con las marchas, tomas y actos violentos. Es valioso que ellos estén dispuestos a extraer enseñanzas de lo ocurrido.
De parte de los dirigentes del Colegio de Profesores no se ha escuchado nada parecido. Por el contrario, Jaime Gajardo dio a entender que la lucha continuará el próximo año, lo que muchas familias traducen como que el 2012 se parecerá bastante al 2011.
Es probable que ese anuncio aliente a muchos padres a matricular a sus hijos en los colegios particulares. Con ciertos “defensores”, la educación pública no necesita tener enemigos.
Hay que llamar a los estudiantes secundarios a no seguir efectuando acciones de fuerza con pequeños piquetes por aquí y por allá, con las que creen que pueden influir en algo.
Tales acciones pueden incluso poner en peligro la integridad física de los participantes.
Tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero será mejor si lo hacen en un marco de diálogo y respeto.
Hay mucho que cambiar en la educación. El Estado debe aportar mayores recursos de manera sostenida a las universidades públicas, pero debe velar por su buen uso.
Tiene que apoyar con becas a todos los estudiantes que lo necesitan, independientemente de que estudien en planteles públicos o privados. Y debe focalizar el esfuerzo financiero en la enseñanza pre-escolar y escolar, para reducir las desigualdades de origen.
Pero los cambios no son sólo cuestión de plata. Para asegurar una enseñanza de calidad, hay que evaluar el desempeño docente y estimular el perfeccionamiento de los profesores.
Serán claves la agencia de calidad y la superintendencia para garantizar que todos los establecimientos cumplan con los requisitos exigidos. Debe mejorar sustancialmente la formación de los futuros profesores. En fin, hay tareas para este gobierno y para los que vienen.
Pero para que las reformas puedan realizarse, es indispensable que los centros de enseñanza dejen de ser un campo de batalla y se conviertan en un espacio de cooperación creativa que permita mejorar realmente el proceso educativo.