La próxima semana se verá en la sala del Senado el Proyecto de Ley que establece medidas contra la Discriminación. Un proyecto que lleva tramitándose hace más de cinco años. Ya es tiempo de avanzar y romper uno de los candados más duros que tiene nuestra sociedad: excluir al que es diferente.
La discriminación es una forma concreta de desigualdad que hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos de nuestro país. La discriminación es olvido y omisión; también abandono y exclusión.
En una sociedad democrática el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas para que exista la garantía de que toda persona sea tratada en términos de igualdad, tanto en sus deberes como en sus derechos, entre ellos el que se le respete como persona, independiente de sus condiciones físicas o sus opciones valóricas. Religiosas o políticas.
La lucha contra la discriminación significa ampliar nuestra idea de igualdad para que a la igualdad frente a la ley agreguemos una igualdad real de oportunidades.
Las sociedades discriminatorias, son sociedades fragmentadas, desiguales, proclives a la violencia y con escasos vínculos de solidaridad.
Las sociedades donde se lucha contra la discriminación son más prósperas, más coherentes, más libres y solidarias. Unas y otras pueden ser democráticas, pero la calidad de su democracia depende de qué tan fuerte sea su esfuerzo antidiscriminatorio.
El desarrollo de una cultura de la no discriminación implica crear conciencia en la población respecto a que todas las personas son iguales en dignidad y derechos fundamentales, independientemente de su origen, características, preferencias y convicciones.
Si en la vida social sólo contemplamos como válidas una sola verdad y una sola ruta transitable, seremos incapaces de reconocer simple y sencillamente que los que piensan distinto y transitan por otras rutas puedan tener algo de razón. Seremos incapaces de reconocer el sentido positivo del pluralismo y la diversidad.
De aprobarse, y esperamos que así sea, Chile dejaría de ser el único país latinoamericano en no contar con una legislación que condene las acciones discriminatorias. Para naciones como Brasil, Argentina y México, sin mencionar Europa, este tipo de legislaciones son parte de su vida cotidiana desde hace ya varios años.
Contrario a lo que muchos pudieran plantear, una Ley Antidiscriminación no es necesariamente la puerta de entrada a la aprobación de temas en los cuales hay división valórica como por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lo que busca es la igualdad de todos los ciudadanos, el respeto a la diversidad y a las minorías, pero por sobre todo, la condena a todo tipo de discriminación por sexo, credo o religión. Es garantizar dignidad y respeto.
Chile es un país diverso y precisamente ahí es donde radica su riqueza.
La aprobación de Ley Antidiscriminación marcaría un antes y un después y nos colocará a nivel de países desarrollados y a la par del resto de nuestros vecinos latinoamericanos.
Sería un paso más en la construcción de un Chile más justo, igualitario y con una democracia de mejor calidad.